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lunes, 7 de septiembre de 2009

Gobierno España evita debate sobre regulación de prostitución, ERC e ICV lo lleva Congreso

ICV-EUiA consideró que prohibir la prostitución en la calle sólo sirve para aumentar la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de las redes de proxenetismo, y apostó por "dar la cara" con una regulación del trabajo sexual a nivel estatal y crear zonas de tolerancia en algunas calles donde puedan ejercer, siempre que los vecinos estén de acuerdo.

La solución no pasa por perseguir a las y los trabajadores/as sexuales y sacarles de una calle, ya que irán a otra y otra. Obviamente tampoco por la persecución o abolición. Mientras haya personas que realicen el comercio sexual de forma no forzada y voluntaria, España debe de acometer su regularización. Lo otro es un ejercicio de hipocresía donde subyace un problema moral con la libertad sexual de otras personas. Y cinismo porque nadie juzga, persigue o cuestiona matrimonios civiles o religiosos donde solo existe interés económico por alguno de sus conyugues; siendo esto mas cuestionable porque aquí venden los sentimientos y no media hora de sexo pactado.


Europa Press/Actualización Diario Digital Transexual-. Jordi Hereu se desmarcó del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que ha pedido una ley que prohíba el ejercicio de la prostitución en la calle para "luchar por la dignificación" de espacios públicos como La Rambla, una actitud que los ecosocialistas creen que mantiene la situación sin solventarla.
El secretario general de ICV-EUiA, Joan Herrera, foto inferior derecha, pidió abrir una mesa de debate transversal que, según él, se les ha negado hasta ahora, y abordar la situación "con sentido común" a través de una regulación estatal que acabe con la alegalidad, que supone la "estigmatización" de las prostitutas, y les asegure derechos laborales.
"El problema de la prostitución no son las prostitutas", afirmó Herrera, quien dijo que la regulación puede servir para luchar contra la explotación siempre que no la aborde sólo el Ministerio de Interior, sino de forma transversal. Añadió que los colectivos de apoyo a las prostitutas deben tener voz en este proceso.
Herrera le recordó a Hereu que "no vale prohibir el ejercicio en la calle y negar el debate de la regulación", aunque después matizó: "Si el alcalde Hereu considera oportuno que no haya prostitución en la calle, muy bien, pero que en paralelo se abra el debate de la regulación porque, si no, se hacen trampas".
'No a golpe de autoridad
El socio de Hereu en el bipartito, Ricard Gomà (ICV-EUiA), apostó por abordar la prostitución con diálogo y "no a golpe de autoridad", desde las políticas de inclusión social -como hacen las entidades de apoyo a las prostitutas y el Consistorio con la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits)-, y no con las sanciones de la ordenanza del civismo.
Concretó que la regulación de la prostitución callejera debe incluir el derecho de las mujeres a la seguridad social, a la sindicación y negociación colectiva, acceso a servicios sanitarios y de formación -"porque dignifica"-, facilidades para organizarse sobre espacios y condiciones de trabajo y una fiscalidad propia, además de zonas de tolerancia.
La regulación, que debería ser estatal porque Cataluña no tiene competencias en Seguridad Social, también debe incluir a los clubes de alterne, donde consideró que deben recortarse prerrogativas de la patronal en relación a la limitación de horarios, debe asegurarse el descanso semanal y la separación del puesto de trabajo de la vivienda.
Gomà recordó que ICV-EUiA y ERC pidieron con una proposición no de ley que se abordase la regulación. También instó al Gobierno central a cumplir el Protocolo de Palermo de diciembre de 2000 y ratificado por España, que fija que el país debe acoger a las mujeres víctimas del proxenetismo y regular la prostitución.


Gobierno España evita debate sobre regulación de prostitución, ERC lo lleva Congreso

De la Vega asegura que se han puesto en marcha medidas penales y sociales.- ERC lo lleva al Congreso y acusa al Ejecutivo de "esconder" el problema

País-. La última ponencia del Congreso de los Diputados sobre la prostitución, en 2007, acabó con la decisión de adoptar medidas contra la trata de mujeres, pero se volvió a dejar de lado el espinoso tema de la regulación de la actividad. A esa ponencia, y al plan contra la trata de personas aprobado el año pasado, se ha ceñido hoy, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser preguntada por la posibilidad de que se establezca esa regulación.
La polémica por la prostitución callejera en el mercado de la Boquería, en pleno centro de Barcelona, puesta en evidencia por unas crudas fotografías publicadas esta semana por EL PAÍS, ha reabierto el debate.
"Es un tema complejo", ha dicho Fernández de la Vega, para referirse después a la ponencia de la pasada legislatura sobre el tema en las Cortes, cuyas recomendaciones ha seguido el Gobierno. Éstas van "del ámbito penal al social". "Hay que adoptar medidas de protección social" y hay que "atender también sin duda a los temas de educación relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana". Todos ellos, añadió, son los ámbitos recomendados por el Parlamento y en los que trabaja el Gobierno.
Una "marginalidad permitida"
A ERC no parecen haberle convencido estas explicaciones. El partido llevará al pleno del Congreso la polémica, por lo que el debate sobre la regulación de esta actividad reaparece en la Cámara baja después de que la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer desaconsejara hacer legal la prostitución voluntaria en España.
ERC registró ayer la iniciativa con la intención de formularla a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en el Pleno del Congreso de la próxima semana, pero la ausencia de Aído obliga a aplazar el debate al día 16 de este mes. Tras la interpelación, ERC presentará una moción con sus propuestas, que será votada la semana siguiente, lo que obligará a los distintos grupos a fijar posición sobre este tema. En el texto de la exposición de motivos de ERC, el diputado Joan Tardà afirma al Gobierno de la nación mantiene un discurso abolicionista y en contra de regular la prostitución "que no se acompaña de medidas abolicionistas en la práctica, de manera que sigue manteniendo la prostitución en una situación de marginalidad permitida".
El diputado señala que "las tímidas políticas que se han llevado a cabo para la erradicación de la prostitución no han logrado su objetivo", consiguiendo únicamente "desplazarla o esconderla". Tardà añade que no han tenido en cuenta la opinión de las personas que ejercen la prostitución y que, "lejos de mejorar las condiciones de vida de estas personas, las han empeorado". "Además de la continua negación de derechos, estas personas sufren la estigmatización, la persecución y la criminalización, generando todo ello todo tipo de problemas", agrega el texto. Por ello, ERC considera necesario "abordar un debate integral que reconozca y proteja los derechos de las mujeres que se dedican voluntariamente a la prostitución". Asimismo, solicita medios económicos y legales para quienes decidan abandonarla y que "se persiga y castigue a quienes cometan abusos sobre ellas".

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