- El presupuesto del Ministerio de Sanidad se ha reducido un 21,6% en la prevención de violencia machista y un 18% en políticas de igualdad
- Sólo nueve comunidades autónomas disponen de recursos para víctimas de violencia sexual de género, lo que evidencia la "escasa respuesta institucional"
Un total de 13 organizaciones presentaron este jueves el informe Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España [consultar el documento aquí], un análisis sobre el sistema sanitario público español tras la reforma del 2012 desde una perspectiva de género.
El estudio se abre con la demanda de un enfoque de géneropara la salud pública, "algo que a día de hoy no está en absoluto implantado dentro de los sistema y políticas" sanitarias. La queja de las organizaciones se basa en la existencia de "factores biológicos, socioeconómicos y psicosociales que condicionan la salud de las personas, en este caso en función de su género". Los autores del estudio destacan el empeoramiento de la salud de las mujeres a partir de los 15 años en comparación con los varones: "El 33% de las adolescentes de esta edad presentan una percepción de salud regular, mala y muy mala, frente al 25% de los chicos". Además, de las diez enfermedades que la población de más de 15 años padece con más frecuencia, todas excepto la diabetes y los problemas de próstata inciden con mayor frecuencia en las mujeres. En este sentido cobran especial relevancia las enfermedades de carácter depresivo, prácticamente el doble de habituales en mujeres (20,36%) que en hombres (10,63%).
El impacto de los recortes sobre la salud de las mujeres
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Aspectos como los cambios en el acceso al Sistema Nacional de Salud o el copago farmacéutico han tenido consecuencias directas sobre la salud de las mujeres. Desde el año 2013, algunos anticonceptivos hormonales han dejado de estar cubiertos por la Seguridad Social, lo que ha supuesto una carga económica a cerca de un millón de mujeres, según estimaciones de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). Por otro lado, el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha reducido un 21,6% en la prevención de violencia machista y un 18% en políticas de igualdad.
Como consecuencia de los recortes, se ha producido además una reducción de los servicios de salud mental y, como resultado, un incremento en la medicalización del malestar psíquico de las mujeres: el 21% de las mujeres consume ansiolíticos, frente al 11,6% de los hombres. El copago farmacéutico, asimismo, "afecta particularmente a las mujeres mayores, que por su mayor supervivencia presentan una incidencia elevada de patologías crónicas".
Por otro lado, la política de recortes del Gobierno ha derivado en una reducción "drástica" de los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. En el año 2012 el presupuesto real del Plan Nacional contra el Sida se redujo un 90%, "lo que no se ha compensado en absoluto con los tímidos incrementos en prevención registrados a partir de 2014". En este sentido, además, se produce una invisibilización de las mujeres transexuales, cuando el 23% de las que acudieron por primera vez a un centro de diagnóstico padecían dicha infección.
En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, el informe destaca que la mayor parte de los abortos se produce en centros privados, de modo que su coste puede recaer en las propias mujeres. Por otra parte, "se ha endurecido el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo para jóvenes de 16 y 17 años, a pesar del reducido número de menores que recurre a ella –3,35% según el Ministerio de Sanidad– y a pesar también de que la Ley del Paciente fija en 16 años la autonomía para el consentimiento informado en una intervención quirúrgica". Tampoco las mujeres inmigrantes en situación irregular pueden acceder a esta práctica ni recibir planificación familiar dentro del sistema público nacional. La situación se agrava en el marco de los Centros de Internamiento para Personas Extranjeras(CIE), donde no existe atención especializada para mujeres embarazadas, y donde "se han producido casos de interrupción o denegación de tratamientos, junto con abusos por orientación e identidad sexual".
Respecto a la reproducción asistida, en el año 2014 el Gobierno limitó la financiación de las técnicas destinadas a las personas que no consigan el embarazo "tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos", lo que supone "la exclusión de facto de las parejas de mujeres de este servicio".
Otro de los problemas más desatendidos es el de la violencia sexual y de género. "Entre 2011 y 2014, el 85% de las víctimas de violencia sexual en España han sido mujeres y niñas (27.730), y un 25% de estos hechos han quedado sin esclarecer y sin imputaciones por el delito", recalca el estudio, que incide en la "escasa respuesta institucional y ausencia completa de políticas públicas frente a la violencia sexual". Además, únicamente nueve comunidades autónomas cuentan con recursos para víctimas de violencia sexual de género, y muchas de ellas son iniciativas privadas dependientes de las subvenciones públicas.
- Finalmente, el estudio recoge que el 10,3% de las mujeres de más de 16 años ha sufrido violencia física, un 25,4% psicológica de control, un 21,9% psicológica emocional, un 8,1% agresiones sexuales y un 10,8% ha sido víctima de violencia económica, según la Macroencuesta Violencia contra la Mujer del 2015. De ellas, un 45% acudieron a servicios de asistencia, pero sólo el 28,6% la han denunciado y un 20,9% retiraron después la denuncia. "A pesar de estos datos, no se realizan actividades destinadas a evaluar las políticas y las medidas puestas en marcha", censuran las agrupaciones.
Hacia una política sanitaria justa
Las asociaciones exigen, en primer lugar, la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y las "sucesivas medidas regresivas en salud". Recalcan la importancia de poner en marcha protocolos comunes impulsados por las administraciones autonómicas "que pauten y unifiquen la atención al parto para evitar desigualdades", así como una garantía en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo en todas las comunidades mediante servicios públicos accesibles. "Consideramos necesario adaptar y actualizar el marco legal existente tanto la ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, como el Catálogo de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de homogeneizar los criterios en todas las comunidades" y además "eliminar las cláusulas restrictivas del marco legal estatal".
El informe recoge, por otro lado, la Propuesta de Ley Estatal de Identidad Sexual y Expresión de Género de la Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, área que, consideran los autores, "debe ser abordada en nuestra legislación".
En cuanto a los CIE, demandan un "personal sanitario adecuado" y la puesta en marcha de medidas de control "firmes" que eviten los abusos hacia personas homosexuales y transexuales.
Para combatir la violencia sexual y de género, son prioritarias medidas "claras y contundentes contra la agresión sexual, el abuso sexual y el acoso sexual, aparejado de acciones preventivas y educativas". Además, el Gobierno "debe revisar su legislación" con el fin de incluir otras formas de violencia de género, más allá de la que se produce en el ámbito de la pareja o expareja. Para ello, consideran, es "necesario dotar de recursos específicos para tratar la violencia a los servicios de urgencias, atención primaria, atención especializada y salud mental". En este sentido, ponen sobre la mesa propuestas enfocadas al combate contra la explotación sexual mediante el trabajo desde centros de acogida y el desarrollo de programas de salida y reintegración. También reclaman un Protocolo Integral contra la Mutilación Genital Femenina que contemple todas las instancias implicadas: sanitaria, educativa, judicial o entidades sociales.
Finalmente, subrayan la importancia de las campañas de información y sensibilización hacia todas las formas de violencia contra las mujeres. La educación es imprescindible en esta tarea: "Se precisa de un presupuesto adecuado para poder desarrollar acciones dirigidas a luchar contra los mandatos de género", con la implantación de medidas de atención a la diversidad del alumnado y un acceso universal a los métodos anticonceptivos, en el marco de una mejora de las políticas de prevención de embarazos no planificados.
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