Por Josué González Pérez y Alba Pez. Trabajador social y activista feminista y LGTBI / Socióloga y activista feminista.
El Gobierno acusa de haberles colado un gol a las mujeres que, de forma valiente, dan la cara ante una sociedad capaz de decir sobre ellas las barbaridades que jamás le dirían a otro grupo social.
En los últimos días, desde diferentes instancias se ha puesto el grito en el cielo ante la emergencia de una organización de prostitutas llamada OTRAS. Hemos recibido con gran sorpresa la reacción de un gobierno que se pretende feminista y que se entiende a sí mismo como heredero de los últimos acontecimientos protagonizados por tantas y tan distintas mujeres en los últimos tiempos. No es la primera organización de prostitutas que ve la luz pero sí es cierto que es la primera vez que nos encontramos ante un gobierno que, por un lado, desautoriza a un grupo de mujeres que alzan la voz para la defensa de sus derechos más básicos y que expulsa a las mujeres al lugar al que el patriarcado les ha asignado siempre, esto es, a la exclusión de la ciudadanía.
Desde hace muchos años, las trabajadoras sexuales organizadas en todo el mundo han recogido las herramientas que el movimiento feminista –en el que se incluyen, guste o no – ha tejido desde su nacimiento. Hablamos de acontecimientos políticos como, entre otros, el encierro de cientos de prostitutas en las iglesias de Lyon en 1975 para protestar contra la violencia sexista; pero también de la configuración de organizaciones sindicales, de corte feminista, en no pocos países del mundo, como EEUU con COYOTE o en Francia con STRASS, con el apoyo de prestigiosas feministas tales como Judith Butler, Raquel Osborne, Gayle Rubin, Silvia Federici o Angela Davis. Sin duda hablamos de la articulación de identidades colectivas, de un poderoso nosotras que ha interpelado históricamente a las instituciones, a las propias feministas y, en suma, a la sociedad en su conjunto.
Este nosotras ha pretendido subvertir la estigmatización que recibe este colectivo y que ha apuntalado las formas de control y dominación que se manifiestan en la vida de todas las mujeres: el miedo a ser llamada puta como dispositivo de control social contra las mujeres que rompen las normas que el machismo ha impuesto sobre nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestros deseos y nuestras vidas.
Olvidar esta genealogía, como ha hecho el Gobierno en los últimos días con su menosprecio a OTRAS, supone borrar de un plumazo las hazañas de tantas mujeres que, de alguna manera, han construido hitos en su historia o, más bien, en LA HISTORIA, con mayúsculas. Y con ello, despreciar experiencias de un potencial considerable para el empoderamiento de todas las mujeres en tanto que mujeres
Al enunciarse como “organizaciones sindicales”, en muchos casos y en concreto en el que nos compete, han redefinido no sólo el concepto mismo de trabajo, harto androcéntrico, sino también el de “sindicalismo” mismo. Es así porque cuando se han nombrado como “trabajadoras” han desvelado las múltiples exclusiones que este concepto ha generado sobre las mujeres, al tiempo que han subvertido su significado para dignificar no sólo su actividad sino también sus vidas, en la medida en que, con ello, han interpelado a una ciudadanía que se pretende inclusiva.
El Gobierno acusa de haberles colado un gol a las mujeres que, de forma valiente, dan la cara ante una sociedad capaz de decir sobre ellas las barbaridades que jamás le dirían a otro grupo social. No ha sido así cuando la patronal, ANELA (Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne), se inscribió alegremente como asociación empresarial, sin que ni un solo gobierno haya desautorizado sus negocios, mirando hacia otro lado cuando los empresarios, excusándose en que no existe una relación laboral entre ellos y las mujeres, han impuesto sus condiciones de explotación. Aún más, han facilitado la expulsión de las mujeres de las calles de este país mediante la Ley de Seguridad Ciudadana y la proliferación de ordenanzas criminalizadoras, lo que generado el aplauso de los empresarios.
Dice Dolores Juliano que la estigmatización de las trabajadoras del sexo no es casual, que responde a la necesidad que tiene la sociedad de evitar la revelación de ciertas verdades incómodas. Seguramente, aquí encontramos una de las claves para entender la irracionalidad con la que se ha respondido a OTRAS. Y es que, le pese a quién le pese, lo cierto es que numerosas organizaciones feministas y pro Derechos Humanos que trabajan con prostitutas recuerdan que si hay alguien que conoce perfectamente el mundo de las prostitutas son las propias mujeres. Son ellas las que saben quiénes son los explotadores y donde están, las que muchas veces ayudan a esconderse y escapar a una víctima de trata que tiene miedo de acudir a la policía porque puede ser deportada. Además, son ellas las que en numerosas ocasiones señalan a los distintos gobiernos como responsables de las políticas que criminalizan la prostitución en sus paranoicas cruzadas contra la inmigración irregular. Son ellas las que denuncian tantas violaciones de derechos cometidas impunemente por las fuerzas y cuerpos de seguridad que, a priori, deberían estar más para garantizar su protección que para atropellar su dignidad.
Mientras tanto, los asesinatos a prostitutas siguen sin contar en las estadísticas de violencia machista y sigue sin derogarse la Ley Mordaza, que persigue y multa a las trabajadoras sexuales y que las expone al peligro de ejercer en lugares más inseguros en los que la vulnerabilidad es mayor. Por lo demás, esperemos que el Gobierno ceda en sus pretensiones, que reoriente su política, que no refuerce la división entre “buenas” y “malas mujeres” y, en suma, que haga lo necesario para que actúe como un gobierno feminista digno de llevar ese nombre.
A este Gobierno no se le esperaba para reforzar la división entre las mujeres (ni entre las feministas), porque eso ya lo ha hecho el machismo imperante, sino más bien para dar respuesta a los anhelos de tantas mujeres que en los últimos tiempos han alzado la voz en aras del reconocimiento de sus múltiples y diferentes, e incluso contradictorias, realidades. A un gobierno progresista y feminista sólo se le puede exigir cierta coherencia para que acompañe a las mujeres en la defensa de sus derechos, y no se ponga del lado de los empresarios del sexo, ya que de facto es así desde el momento en el que pretenden anular una herramienta de organización que les podría hacer frente tanto a ellos en particular como a las prácticas machistas en general.
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