El colectivo de personas trans del Estado español celebramos la salida del gobierno del PP y unimos nuestra esperanza en que este gobierno del PSOE, responda a las necesidades de una ciudadanía golpeada por las medidas económicas y de recortes sociales.
Desde la aprobación de la Constitución en 1978, tuvimos que esperar cerca de 29 años para ver reconocida nuestra identidad legal en el DNI. La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, fue en su momento una de las leyes más avanzadas de Europa, sin embargo, 11 años después, el nuevo contexto social donde los menores y adolescentes trans son una realidad visible, la despatologización de las identidades trans, el principio jurídico de la libre determinación de la identidad y expresión de género, ejes de leyes autonómicas de Andalucía, Madrid, Valencia y Aragón, además de directivas y resoluciones de Europa, obligan a una modificación de la Ley 3/2007.
Así,el pasado 20 de febrero de 2017, el Grupo Parlamentario Socialista, registra una propuesta de reforma de la misma. Sin embargo, a pesar de aplaudir esta iniciativa de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, es una medida insuficiente y que no viene a reparar tantos años de desigualdades sociales de las personas trans. Un DNI, no resuelve el modelo de atención sanitaria patologizante, el respeto a la identidad en centros educativos y universidades, medidas positivas de acceso al mercado laboral, la discriminación en el deporte y la protección jurídica de menores y adolescentes trans.
Es por ello, que después de un largo proceso participativo y de consenso, los colectivos trans específicos federados en la Plataforma Trans, determinamos una propuesta de Ley Trans Estatal que da una respuesta trasversal e integral a todas las situaciones y ámbitos donde somos objeto de discriminación; la educación, atención sanitaria, integración laboral, identidad legal, deporte y especial mención a menores, mayores e inmigrantes. Que culmino el pasado 23 de febrero de 2018, en el registro de la Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. Una propuesta de ley, que cuenta con el respaldo y apoyo de mas de 150 entidades de carácter social, político y sindical, un hecho que hace que este proyecto sea compartido por la sociedad y que además le da robustez.
Es momento de resarcir tantos años de ser consideradas ciudadanía de clase b, hemos sido las personas que más ha golpeado la dictadura y no queremos ser las olvidadas por la democracia. Es hora de que un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez, sea quien subvierta la relación que las instituciones han mantenido con las personas trans, debemos ser sujetos políticos de los cambios que necesitamos para vivir en equidad.
Pido al partido que en muchos momentos situó a España en un referente en derechos sociales y avances para el colectivo LGTBI, que de nuevo, desde la madurez política, la valentía y sentido de justicia, España, sea un referente mundial en la protección y garantía de derechos de las personas trans. Una iniciativa donde el resto de Europa y Latinoamérica, tengan un espejo donde mirarse.
Mar Cambrollé