Desde entonces a España, Bélgica y Holanda se les han ido sumando numerosos países que han legislando en este mismo sentido, siendo los casos de Canadá 2005, Sudáfrica 2006, Noruega y Suecia en 2009, Portugal, Islandia y Argentina en 2010. De las misma forma el matrimonio homosexual esta permitido en siete jurisdicciones de Estado Unidos; Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, Nuevo Hampshire, Washington D.C., y y en una jurisdicción de México, México, D. F.
Si bien es verdad que el porcentaje de matrimonios homosexuales constituye solo el 2,5% de todos los enlaces que se celebran en España, esta medida lejos de levantar ampollas en la sociedad, se ha aceptado con normalidad, un hecho que ya ocurría incluso antes de la aprobación de la ley tal y como reflejaba una encuesta del Instituto Opina publicada el 29 de junio del 2005 que indicaba que un 62,1% de españoles apoyaban el matrimonio homosexual, y un 49,1% apoyaban la adopción por parejas homosexuales.
El 25 de julio de 2007 dos años después de la entrada en vigor de la ley, la Fundación BBVA hizo público su informe Retrato social de los españoles, en el que se refleja que el 60% de los españoles aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. El apoyo es mayoritario entre los jóvenes, entre 15 y 34 años (75%), las personas con estudios superiores (71%), los no adscritos a una religión (75,5%), y los que se identifican con la izquierda y el centro-izquierda (71,9%)
Ante este claro avance hacia la plena igualdad del colectivo LGTB, el Partido Popular reaccionó presentando ante el Tribunal Constitucional, un recurso contra la ley que modifico el Código Civil, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, justificándolo, en base a una supuesta defensa del matrimonio como institución formada exclusivamente por hombre y mujer y recogido así en la constitución Española, poniéndose absolutamente de manifiesto su posición contraria a esta igualdad de facto.
Además de quedar clara la postura formal del PP frente a esta ley progresista, su presidente, Mariano Rajoy, ha realizado recientemente unas declaraciones en las que anuncia la posibilidad de eliminar los derechos tan justamente adquiridos por el colectivo de lesbianas, gays y bisexuales, afirmando rotundamente que esta dispuesto a poner fin a la ley que ampara los matrimonios homosexuales. Así lo recogía una reciente entrevista concedida al diario El País, en la que ante la pregunta: “Si el Constitucional la avala, ¿Usted se compromete a mantenerla, o no? La respuesta de Rajoy fue textualmente “no”
No es nuevo, la trayectoria de la derecha en el recorte de derechos del colectivo LGTB es evidente y comprobable allí donde gobiernan, es el caso por ejemplo de Hungría, cuyo gobierno salido de las urnas el pasado mes de abril, y donde goza con mayoría la derecha conservadora, ya anunciado que elevara a rango constitucional la prohibición del matrimonio de personas del mismo sexo, y prohibirá, esgrimiendo problemas de tráfico, la celebración de la próxima marcha del Orgullo LGTB donde los colectivos pretendían protestar por esta medida
El grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla y su portavoz Juan Ignacio Zoido, tenia hoy la oportunidad de mostrar su apoyo y respaldo al Colectivo LGTB de Sevilla y del resto de País, demarcándose de las declaraciones de su líder a nivel nacional y votando a favor de la moción presentada por el Grupo Socialista al Pleno Municipal, donde se insta a la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Pero como nos temíamos no lo ha hecho, una vez más la actitud del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla no ha sido precisamente de colaboración para con el colectivo, El Sr. Zoido se ha vuelto a posicionar a la derecha de la derecha, apoyando no solo el recurso de inconstitucionalidad, si no la posible derogación de los derechos adquiridos por las más de 20.000 parejas homosexuales que han contraído matrimonio desde el año 2005, anunciadas por su líder Mariano Rajoy
Pero también una vez más, los sevillanos y sevillanas sabremos responder a esta actitud derechosa del Sr. Zoido en la urnas, para garantizarnos que el próximo Alcalde de Sevilla, no despeatonalizará la Avenida de la Constitución, y así poder esgrimir problemas de trafico a la hora de prohibir la Marcha del Orgullo del colectivo LGTB de Sevilla, tal y como han hecho sus colegas del Gobierno húngaro.