Los transexuales exigen desaparecer de la lista de patologías de la OMS -
Gobierno y UE apoyan su causa - El rechazo laboral ahoga al colectivo
Sobre el papel, en España sus derechos son iguales desde 2007, cuando la ley
de identidad de género fue recibida por los transexuales como un hito: se
conquistó el derecho a sentirse mujer u hombre, vivir como tal y que el DNI lo
reconozca. Para los entre 7.000 y 12.000 transexuales que viven en España, la
realidad cotidiana sigue siendo complicada. Sin trabajo, una vida normalizada es
difícil, dada la alta tasa de paro que afecta al colectivo. Y el estigma de ser
considerado oficialmente un enfermo lo agrava. La OMS todavía considera la
transexualidad como una enfermedad, algo que los afectados esperan cambiar el
año que viene, cuando la organización elabore el nuevo catálogo de
patologías.
A esta causa se dedica hoy el Día Internacional por la Despatologización de
la Transexualidad. La campaña empieza a ganar pequeñas batallas: el pasado día
12 la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG) de Málaga pasó a
denominarse Unidad de Transexualidad e Identidad de Género; un mero cambio
nominal que, sin embargo, ayuda a eliminar barreras. El mayor triunfo político
llegó el pasado 28 de septiembre, cuando el Parlamento Europeo acordó eliminar
su consideración como patología (con 442 votos a favor, 104 en contra y 40
abstenciones). De los 35 eurodiputados españoles presentes, 33 votaron a favor.
Uno, Gabriel Mato (PP), se abstuvo. Juan Manuel García-Margallo (PP) votó en
contra por error.
Esta mayoría política puede ser reflejo de lo que ha cambiado la situación
social. El Gobierno español y la UE apoyan que se la deje de considerar como
enfermedad (igual que sucedió en 1990 con la homosexualidad). La doctora Tella
Plana, psiquiatra del hospital Clínic de Barcelona, apuesta por un origen
biológico de la transexualidad y descarta que sea una patología psiquiátrica,
"aunque a veces los pacientes tengan, de forma secundaria, trastornos derivados
de las dificultades de adaptación o del conflicto social".
El avance ha sido abismal si se echa la vista atrás. Cuando Carla Antonelli,
primera diputada autonómica transexual -elegida en mayo para la Asamblea de
Madrid con el PSOE-, dejó su Güímar natal (Tenerife), en 1977, tenía 17 años y
ni su nombre, que aún se resiste a desvelar, ni su apariencia masculina la
representaban. "Me fui sin decir nada... Esto era impensable en un pueblo tan
pequeño. Hay hermanos con los que me dejé de hablar... Y hasta la fecha",
recuerda desde el salón de su domicilio madrileño.
Según Antonio Poveda, presidente de la Federación Española de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), este colectivo sufre en España entre
un 60% y un 80% de desempleo, y "es invisible en la mayoría de programas de
lucha contra la discriminación". Diversas asociaciones han desarrollado
iniciativas para mejorar su inserción laboral. "Las personas transexuales nos
vemos muchas veces obligadas a abandonar familia y estudios, y eso te limita a
trabajos como camarera, dependiente... Pero al menos son dignos", afirma Mar
Cambrollé, coordinadora del área transexual de la FELGTB. Muchos, y en especial
los inmigrantes, se ven abocados a ejercer la prostitución; una última opción ni
libre ni elegida.
"Esto no es un capricho, naces con ello. Yo me he sentido un hombre desde que
tengo uso de razón", afirma José -nombre ficticio-, funcionario madrileño de 39
años y paciente de la UTIG de la Comunidad de Madrid. Aquellos que acuden a una
de estas unidades afrontan a menudo dos años de espera, desde una evaluación
psicológica que "dura un mínimo de tres meses y ocho sesiones", según Nuria
Asenjo, psicóloga clínica de la UTIG, al eventual tratamiento hormonal y la
cirugía de reasignación necesaria en cada caso.
Andalucía fue pionera en sufragar con dinero público el tratamiento integral,
incluida la cirugía. "Pero hasta ahí hay auténticos calvarios de personas que
llevan un año o año y medio esperando a ser evaluadas", sostiene Cambrollé. Para
José, "lo de la espera es un infierno, aunque es lógico. Desde que te plantas un
día ante tus padres y les dices 'me pasa esto', necesitas el tratamiento. Pero
hay que estar seguros".
La ley de 2007 posibilitó, por primera vez, el cambio de nombre y sexo sin
necesidad de cirugía. Como requisito, un certificado médico de disforia de
género [discordancia entre el sexo genital y el psicológico] y otro que acredite
que la persona ha estado dos años en tratamiento médico para adecuar sus
características físicas al sexo sentido. "Puede parecer una gilipollez, pero
tener un DNI que refleje tu identidad es una explosión, un big bang de
energía. Un carné que no te representa te hace sentir inferior, te humilla y
estás a expensas de otras personas; esto te devuelve la dignidad", rememora
Antonelli.
Completar el proceso, si no se tiene dinero, es muy complicado. Tan solo hay
cuatro unidades de identidad de género en España: en Málaga, Madrid, Barcelona y
Bilbao. Otras comunidades derivan a los pacientes a una de esas unidades. Y ahí
se acaba todo.
En el horizonte está la reivindicación de leyes integrales, normas que
aborden la salud, la educación, la lucha contra la discriminación y la inserción
laboral. "Pedimos políticas de discriminación positiva con el objetivo de llegar
a una situación de igualdad", dice Cambrollé, "con, por ejemplo, incentivos para
las empresas, reservando una cuota de empleo público y campañas de pedagogía
social desde la televisión pública".
Ante la carencia de una ley integral estatal, la lucha tiene lugar en las
comunidades. Navarra aprobó la suya en 2009, y el País Vasco podría hacerlo a
finales de este año. En Madrid, la pasada legislatura, el PP rechazó una
propuesta presentada por el PSM e Izquierda Unida. Caso contradictorio se da en
Andalucía, donde los socialistas, en mayoría absoluta, se han limitado a
presentar una proposición no de ley instando a la Junta a tramitarla.
En tiempos de crisis, además, no faltan quienes cuestionan si la sanidad
pública debería financiar estas intervenciones. En Cataluña, el PP de Alicia
Sánchez-Camacho condicionó recientemente el apoyo de su formación a los
Presupuestos de la Generalitat a, entre otras cosas, la supresión de las
cirugías de reasignación de sexo. La paralización de estas operaciones, asegura
Marta Salvanz, figura destacada del colectivo transexual en esa comunidad,
llevaría a mucha gente a recurrir de nuevo a otras alternativas como inyectarse
silicona líquida en pechos y nalgas, con el consiguiente peligro para la salud:
"Ahorrarían en intervenciones pero perderían más por la atención a otras
enfermedades". Además, "si a una transexual le dices que se busque la vida para
hacerse la cirugía, muchas van a tener que prostituirse, con riesgo de que se
conviertan en seropositivas". Ello supondría una mayor carga para el sistema de
salud: mientras que tratar a una persona con VIH representa "entre 12.000 y
17.000 euros anuales, una cirugía de reasignación tiene un coste total de entre
14.000 y 24.000", afirma Salvanz.
La idea de que la transexualidad no es una enfermedad choca con los
prejuicios de quienes cuestionan que necesite tratamiento médico. La respuesta
está en que hay que diferenciar entre un proceso biológico que debe ser
corregido y un trastorno que requiere tratamiento. Las últimas investigaciones
apuntan a que la transexualidad vendría originada por una acción inadecuada de
la testosterona en el desarrollo del feto, "entre la octava semana de embarazo,
cuando se fija el sexo genital, y la diferenciación sexual del cerebro, hacia la
22 o 23", explica Antonio Becerra, coordinador de la UTIG de Madrid.
Pero si la situación de los españoles ha mejorado, la de los extranjeros es
mucho peor. La asociación TranZ&People, en Barcelona, da apoyo a muchos
transexuales inmigrantes, un grupo en el que la prostitución tiene mayor
incidencia. "Les orientamos para que puedan cambiar de nombre en sus países",
dice Zam Cifuentes, su portavoz. En España no pueden hacerlo. "Están en total
abandono. Son además personas sin arraigo familiar y con una sociedad que les
acribilla cada vez más. Y las tasas de suicidio, ni te cuento...", añade. "Más
de una vez nos ha tocado salir a las tres de la mañana porque una chica se ha
intentado matar".
La ley tampoco permite operar a menores de 18 años, y plantearlo siquiera
resulta conflictivo, como reconoce el cirujano plástico Iván Mañero desde
Barcelona: "No quieren saber nada de menores. Se antepone el miedo a tratar a
niños, que está mal visto -y más en la esfera sexual- al hecho de ayudarlos".
"Te vienen padres desesperados que te dicen: 'Mi hija ha intentado suicidarse
dos veces, tiene 16 años y dice que a la próxima se mata, tenemos un certificado
médico, por favor, opérela'. Pero si lo hago, se me aplica el Código Penal y voy
seis años a la cárcel", afirma el médico.
En este caso concreto, los padres consiguieron autorización judicial para la
operación. Pero no siempre es así. Y según se desciende en la edad, la situación
va a peor. Es uno de los argumentos que apoyan el origen biológico de la
transexualidad. El problema se presenta desde que el niño adquiere consciencia
de su sexualidad, como cuenta Nuria, de Andicfam, la Asociación de niños con
Discordancia de Identidad Congénita. Hace un año, en el servicio de psiquiatría
infantil del Clínic de Barcelona, le dijeron que su hijo, entonces de cinco
años, era en realidad una niña: "Ya antes de hablar sus preferencias eran de
niña. Y cuando empezó a hacerlo, usaba adjetivos femeninos para referirse a
ella, y al ver los dibujos animados, se identificaba con los personajes
femeninos (...) Con tres años, le dijo a su abuela que cuando fuera mayor iría a
un médico para que le cambiara la piel y le pusiera una de niña", admite.
En la unidad del Clínic les hacen a todos los pacientes un seguimiento para
asegurarse de que efectivamente están ante un problema de identidad de género.
Pero lo malo viene cuando acuden a un médico que no está preparado. "Un padre de
la asociación fue con su hija [un niño, biológicamente hablando], vestida de
niña, a un psiquiatra infantil, y le explicaron lo que pasaba. El médico les
denunció a servicios sociales y les acusó de maltrato psicológico debido a una
obsesión enfermiza". Nuria recuerda su propio caso: "El día que saqué la ropa de
niño de mi hija para cambiarla por ropa de niña, fue casi tan duro como si
enterrara a un hijo", confiesa sollozando. "Y que, en medio de este sufrimiento,
te tengas que defender, es una vergüenza... Yo no puedo limitarme a buscar el
mejor tratamiento para mi hija, yo tengo que hablar para que la gente lo
entienda".
¿Cuál es entonces el mejor procedimiento a seguir con los menores? Algunos,
como los miembros de la UTIG de Madrid, no son partidarios de dar tratamientos
hormonales y esgrimen la prudencia como argumento para limitar su acción al
seguimiento psicológico. Otros son partidarios de administrar, al inicio de la
pubertad, unas hormonas inhibidoras que bloquean el desarrollo de las
características propias de cada sexo: no les sale la barba ni les cambia la voz,
impide que salgan mamas... Es un tratamiento reversible que da a médicos más
tiempo para confirmar el diagnóstico y hace que la posterior cirugía sea menos
traumática, además de prevenir la aparición de serios problemas
psicológicos.
Antonelli reconoce que ha habido una evolución, pero sigue sin haber un
equilibrio. "Falta pedagogía, visualización, normalización... ¿Por qué se pueden
pedir planes para los gitanos y no para los transexuales? Aquí lo que subyace en
realidad es un prejuicio contra el colectivo; nos dicen que nada valemos, nada
somos y a nada tenemos derecho".