La “Plataforma
Trans” federación de asociaciones integrada específicamente por personas trans, ha enviado una
carta en la que se adjunta una propuesta de “Ley sobre el derecho a la
libre determinación de la identidad y expresión de género y la
no discriminación de las personas trans” a todos los
portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Igualdad del Congreso
de los Diputados (Grupo Vasco, ERC, PSOE,Cs, Popular, Podemos y Misto), en la
misma se les pide apoyo a la propuesta y el registro inminente del proyecto de
ley.
Así mismo, desde la Plataforma Trans,
celebramos el registro del proyecto de Ley LGTBI registrado el pasado 4 de
mayo. Una ley que es necesaria para todas las personas que se reconocen como
Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, para la protección
contra los delitos de odio por orientación o identidad sexual.
Pero desde nuestra realidad
específica reclamamos
una ley integral que de respuestas concretas a todas las situaciones
de discriminación a la que nos enfrentamos día a día las personas
trans e intersexuales. En España, existen más de 46.000 personas trans, de
ellas aproximadamente 4.600 menores, que ven vulnerados el derecho a la identidad
legal, a una atención sanitaria igualitaria, a una educación donde se respete
la identidad manifestada y el acceso al mercado laboral. “Derechos que no
son un subconjunto de derechos, son los mismos que los de toda la ciudadanía,
por ello es necesaria una ley específica que sea garante de derechos y venga a
poner fin a tantos años de discriminación estructural”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.
La situación de vulnerabilidad y
discriminación de las personas trans, también ha sido objeto de las agendas
políticas, así el pasado 24 de octubre de 2016, el Grupo Parlamentario Cs,
presentó un PNL para la modificación de la Ley 3/2007, para eliminar de la
misma los requisitos contrarios a la dignidad humana y para incluir a los menores.
Con la misma intención el 20 de febrero de 2017, el Grupo Parlamentario del
PSOE, registró una Proposición de Ley con la misma finalidad y el 14 de marzo,
el Grupo Parlamentario En Comú Podem, presentó una moción instando al Gobierno
a la aprobación de dos leyes; una integral y específica para las personas trans
y otra para las personas LGTBI que fue aprobada por mayoría.
Andalucía, en 2014, Madrid, 2015 y
Valencia en 2017, han sido las CCAA, que han aprobado leyes que por un lado
tienen en cuenta las recomendaciones europeas y por otro lado no menos
importante se fundamenta en el principio de despatologización y del
reconocimiento de la libre determinación de la identidad y expresión de género.
Esto que sin duda ha marcado un antes y un después en lo que se refiere al
reconocimiento de derechos y a la protección contra la discriminación bajo la
novedosa pero necesaria perspectiva de la libre determinación de la identidad, dibujando
un escenario geográfico de desigualdad territorial que confronta con el principio
constitucional de igualdad y no discriminación.
La Plataforma Trans reitera la necesidad de una ley especifica
desde la cual se reconozcan e incorporen aquellos derechos que reconocen la
libre determinación de la identidad y expresión de género de todas las
personas, la autodefinición y gestión del propio cuerpo, la regulación jurídica
de la identidad y expresión de género desde un enfoque interseccional y no
desde la medicalización, así como el establecimiento de un marco jurídico que
subvierta la relación de los poderes públicos con las personas trans e
intersexuales, haciendo posible la implementación de políticas públicas contra la discriminación, pero también sobre otros
ámbitos identificados por los sujetos implicados.
La necesidad de leyes
especificas y protocolos adecuados conforman la agenda y una de las principales
necesidades de las personas trans en España, es por ello que en CCAA como Cantabria, Aragón,
Galicia o Catalunya, es una de las prinipales demandas a través de las cuales
se exige la despatologización de las identidades trans y la libre determinación
de la identidad y expresión de género. “Garantizar el derecho a la identidad
manifestada sin condicionantes y el acceso a los servicios públicos sin
discriminaciones en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía, es un
deber del estado y una responsabilidad política, ahora, es el momento
para que se concreten en hechos las iniciativas, propuestas y declaraciones de
buenas intenciones de todos los grupos parlamentarios”, añade Cambrollé
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