Infancia Trans

Había que evitar las cámaras a toda costa. En medio de las consignas —“¡Aquí/ está/ la resistencia trans! ¡Aquí/ está/ la resistencia trans!”—, Alehlí Ordóñez tuvo que buscar una forma de huir. Era la una de la tarde de un martes de julio del 2017. En Arcos de Belén 19, la Dirección General del Registro Civil entregaba afuera de sus instalaciones 235 actas de nacimiento a personas transexuales y transgénero. Entre los documentos estaba una de los menores trans, la pequeña de 6 años: Sophia. Ella era la razón de las porras, los periodistas, las cámaras.

“Fue muy intenso —recuerda hoy Alehlí, abogada de Sophia–. Cuando aparecieron las cámaras, la desaparecimos para cuidar su identidad. No queríamos exponerla”.

Casi cinco meses han pasado desde entonces. Alehlí viste de negro, lleva el cabello recogido en una coleta y el rostro sin maquillaje. Estamos en la oficina de Ledeser (Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos), su asociación civil especializada en representar víctimas de discriminación por orientación sexual o identidad de género, en cabildear reformas que garanticen la inclusión o en cualquier caso que involucre la defensa por los derechos LGBTI y eso incluye a los menores trans.

Sobre la mesa de su oficina aún descansan las dos carpetas del caso Sophia. Ahí, entre fojas y documentos membretados, hay un papel sin valor jurídico: una hoja en la que se ve la foto de una niña de coletitas que golpea una piñata con un recado rodeado de corazones: “Aleh, muchas gracias por darme mi acta de nacimiento. Te quiero mucho”.

Sophia fue la primera niña transgénero que Ledeser representó para cambiar nombre y género en su acta de nacimiento sin tener que atravesar una larga y estigmatizante batalla jurídica. No es la única. La asociación estudia cinco casos de niñas, niños o adolescentes, de entre 5 y 15 años, que no se identifican con el sexo asignado al nacer y quieren cambiar sus documentos sin pasar por un juicio.

Luchar contra el tabú

La infancia trans no existe en el marco legal. En la práctica, la ley reconoce el derecho a la identidad de género; sin embargo, modificar un acta de nacimiento solo es posible si quien lo solicita es mayor de edad.

Por ello, las abogadas de Ledeser tardaron 10 meses en conseguir un documento que a un adulto le entregarían en un día. Entre octubre de 2015 y julio de 2017 se concretaron 1,923 cambios de identidad de género en CDMX. Pero cuando se trata de menores de edad, el proceso puede volverse imposible.

Pero, ¿cómo explicarle al Registro Civil de la Ciudad de México que el hecho de negarle a una niña el reconocimiento del nombre y género con el cual se identifica es discriminación? La lucha de los menores trans es un tema que, en México y el mundo, está cercado por prejuicios. En todos los campos, incluido el legal, se asume que es la "biología" lo que nos norma.

En el artículo “Sex Redefined”, publicado en la revista Nature, se asienta lo siguiente: “La idea de dos sexos es simplista: un hombre típico tiene cromosomas XY, y una mujer XX. Pero debido a variaciones genéticas o eventos circunstanciales en el desarrollo, muchos no se ajustan a ninguna de estas dos categorías (…). Se estima que [es el caso de] una de cada 100 personas”.

“Las personas trans —explica la socióloga Ximena de Toro en el ensayo ‘Niños y niñas trans’— se dan cuenta que su identidad de género no coincide con su el sexo asignado al nacer generalmente en la primera infancia”.

Un largo proceso

El primer paso fue explicar a las autoridades que negar esta posibilidad a los menores trans es discriminación. Para ello se envió una pregunta por escrito al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Copred): “¿Qué pasaría si una niña se presentara en el Registro Civil para pedir una nueva acta de nacimiento por identidad de género y se la negaran?”. La respuesta tardó meses, pero fue crucial. Negar este documento, según el Copred, sería discriminación por imposición de género.

El segundo paso fue evitar la estigmatización. Durante el proceso de Sophia, no intervinieron doctores que “dictaminaran” que Sophia era trans. En su lugar, tres especialistas en infancia, intersexualidad e identidad de género —Alba Pons, Eva Alcántara y Daniela Cruz— coincidieron en que la niña tenía que ser reconocida como tal para evitar todo tipo de violencia. Luego siguió presionar por meses al Registro Civil para que expidiera el acta.

“Un día cualquiera, nos avisaron que nos la iban a dar”, explica Daniela Correa, otra de las abogadas que litigó el caso. “El 21 de julio llegamos al juzgado central a las 10 de la mañana con la familia de Sophia y se firmó”.

Horas después, personal del Registro Civil llamó a Alehlí para avisarle que “el acta estaba cancelada, pues no cumplía con los requisitos; Sophia era menor de edad”. El trabajo de meses pareció venirse abajo. Al día siguiente, Sophia, su familia y el equipo de Ledeser llegaron al Registro Civil. No iban solas: las acompañaba un grupo de activistas. Según les insinuaron, el Registro Civil les entregaría el acta, pero al final del evento: junto al director del Registro Civil, frente a toda la prensa. Esa tarde, el objetivo era conseguir el documento y evitar la exposición mediática de la menor. Lo consiguieron. Ninguna cámara violentó la intimidad de Sophia.

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