La Cámara de Diputados uruguaya aprobó en la madrugada de este viernes la Ley Integral para Personas Trans, considerada de avanzada en la región.
Uruguay festejó de madrugada tras la aprobación este viernes de la Ley Integral para Personas Trans, por parte de la Cámara de Diputados. La normativa establece medidas para revertir los mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para esta población como el acceso al trabajo, vivienda e intervenciones quirúrgicas.
Con 62 votos a favor, de un total de 88, el Congreso dio luz verde a la ley que llevaba año y medio en la órbita parlamentaria.
La ley, que ya había sido avalada por el Senado -con 17 votos afirmativos de 29- se discutió en una sesión extraordinaria que empezó en la tarde del jueves y duró unas 10 horas, culminando en la madrugada de este viernes tras la intervención de más de 40 parlamentarios, quienes expusieron sus argumentos en contra y en favor de la nueva ley, que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
La nueva legislación facilita el cambio de género registral (lo saca del ámbito jurídico y lo instala en el administrativo), prevé una reparación económica para aquellas personas por encima de los 50 años que vivieron la dictadura cívico-militar, obliga al sistema público de salud a solventar el proceso de cambio de sexo (a partir de la hormonización y las distintas cirugías para estos casos) y prevé una cuota trans para trabajar en el Estado.
Se trata de un avance porque reconoce derechos hace mucho tiempo vulnerados para la población trans, en la que la expectativa de vida ronda los 35 años, por lo que una reparación económica se hacía urgente y necesaria (aunque en lo que respecta a quienes vivieron la dictadura, no accederían más de 50 personas, ya que el resto han fallecido).
Es una legislación de avanzada a nivel regional y una conquista del movimiento de la diversidad sexual que hace, como mínimo dos años que promueve esta legislación, y que contó además con una juntada de firmas en el marco de la Campaña #LeyTransYA.
Durante el debate, más de un centenar de personas a favor de la ley aguardaron el resultado expectantes, manteniendo el silencio hasta la aprobación individual del 24 y último artículo, poco antes de las 02.30 de la madrugada, cuando estallaron en ovaciones y al grito de "ley trans ya".
Avances y límites
En concreto, la ley establece facilidades para el cambio de nombre de las personas trans en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a destinar, por año, el 1 % de sus puestos de trabajo al colectivo.
Además, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional debe determinar un cupo "no inferior al 1 %" de sus programas de capacitación a las personas trans.
Respecto a la salud, el objetivo es poder incrementar la expectativa de vida de las personas trans, que actualmente se ubica entre 35 y 40 años de edad.
Por su parte las personas trans, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad como consecuencia de las fuerzas de seguridad, tienen derecho a una reparación económica.
Pero la ley, a pesar de ser de avanzada en la región, muestra algunos límites, como lo irrisorio del monto de la reparación económica (equiparable a un “plan social”), la no obligación que tiene el sector privado de incorporar personas trans, la no garantía de un trabajo digno, o la negociación de si los menores podían acceder a los procedimientos de hormonización.
Estos límites y debilidades de la ley se deben al tratamiento en general que le dio el oficialista Frente Amplio al querer negociar con la derecha parlamentaria una votación. Es decir que a cambio de la aprobación rebajó la ley en varios aspectos. “Negocian con nuestros derechos”, se escuchaba en los debates previos, entre las mujeres trans que hace años luchan por su reconocimiento.
Por otro lado, el Frente Amplio nunca pudo explicar por qué cajoneó la ley, cediendo durante años a las arengas de los grupos anti derechos, teniendo mayoría parlamentaria y pudiendo aprobar la ley sin negociación con otros bloques. En este caso la unidad y negociación con la derecha tradicional para aprobar la ley de conjunto dio por resultado la negociación de una legislación más aggiornada.
La derecha "sacada"
Al igual que durante la votación en el Senado, los conservadores y los sectores antiderechos actuaron en bloque para intentar bloquear la ley. El el Senado figuras del Partido Nacional y del Partido Colorado ya se habían destacado por sus argumentos y frases transfóbicas.
Durante la jornada en la Cámara Baja se pudieron escuchar argumentos similares como el del diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que volvió a la carga contra la supuesta "ideología de género" de la ley que podría "confundir a los jóvenes y afectar a la familia". Goñi también confirmó su voto en contra argumentando que la ley podría sugerir que ser trans es algo beneficioso.
Las brutalidades de senadores y diputados fueron parte del arsenal que los grupos y partidos antiderechos vienen utilizando desde hace tiempo para evitar que la iniciativa sea ley.
Es una cruzada que se ve en toda la región y que incluye tanto las campañas de los antiderechos en Argentina, para que no se vote la ley de interrupción voluntaria del embarazo como así también para que no se aplique la ley de educación sexual integral, como las brutalidades llevadas adelante por los seguidores del transfóbico ultraderechista Bolsonaro en Brasil, que se acaba de cobrar la vida de una mujer trans, acuchillada por cuatro de sus seguidores.
La ley que acaba de ser votada en Uruguay es motivo de festejo, pero la reacción de los antiderechos en todo el continente es una señal de alarma. Demuestra que nuestros derechos no solo deben ser conquistados en las calle sino que, ahora más que nunca, es allí donde los tenemos que defender de los ataques de estos sectores reaccionarios y conservadores.
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