En derechos conquistados, ni un paso atrás

El neoliberalismo del PSOE es palpable y no sólo en lo económico. Sus alianzas con la derecha, la creciente desigualdad social, la incertidumbre de la juventud, la precariedad laboral, los altos índices de paro y sus buenas relaciones con los lobby financiero y mediático son hechos que retratan a un partido que ha sido castigado en las urnas con una pérdida de votos que alcanza casi el 50% de su electorado; 5.800.000 votantes menos desde 2008.

 Ahora el PSOE, en defensa de los intereses del lobby médico y en detrimento de los más débiles —es decir, las personas transexuales—, quiere imponer una PNL “por los derechos sanitarios de las personas trans”, sin contar previamente con los colectivos de personas trans y de familias de menores trans, que nos hemos llevado una desagradable sorpresa.

Tras analizar el contenido de la PNL que el PSOE va a presentar en el Congreso de los Diputados, constatamos que la mayoría de las medidas van destinadas o dirigidas a la creación o el mantenimiento de las obsoletas unidades de identidad de género, lo que supone un gran retroceso respecto a los avances alcanzados en varias comunidades autónomas acerca de la atención que hoy día reciben las personas transexuales.

Hablar de transexualidad como “[…] una situación muy compleja que requiere un abordaje multidisciplinar integral […]” es problematizar a las personas apoyando la idea de que es posible no respetar esta diversidad humana puesto que es algo muy extraño y ajeno a las personas “normales”. “Acuden a las consultas del Sistema Nacional de Salud buscando atención y solución a esta problemática personal…”,  continúa el texto socialista, que mantiene la conservadora y errónea idea de que el derecho a ser quien te sientes es otorgado por un tercero (un médico) y no un derecho fundamental que recoge nuestra Constitución.

“[…] Incluyendo la atención y acompañamiento psicológico cuando así lo solicita la persona, individual y en ocasiones familiar…”, reza la PNL. La patologización de la transexualidad se ha fundamentado en un discurso psicómedico que la ha conceptualizado como “trastorno”, “disforia”, “incongruencia”; “disonancia”… Todos ellos potencian la negación de la transexualidad como condición humana y, por ende, como una expresión de la diversidad.

Expresar esto en un texto que habla de “despatologizar” la atención sanitaria nos parece antagónico porque no se escapa a una forma más sutil de querer relacionar transexualidad con “problemas psicológicos”. Por tanto, no ha de ser mencionado expresamente en ningún protocolo de atención sanitaria para no seguir perpetuando el estigma de la “patologización”. Para acotar y limitar la atención de los profesionales, es necesario que sepan que un acompañamiento psicológico no tiene por qué estar relacionado con las personas trans per sé. Esta prestación, que está en la Cartera de Servicios Sanitarios Públicos, como tantas otras, debe ser ofrecida sólo si la persona o familia lo requiere en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Pese a todo, es de aplaudir la exigencia de recuperar la financiación pública de los fármacos necesarios para el tratamiento de las personas transexuales. Pero lamentamos que esta justa demanda sea el vehículo para imponer un modelo de atención que nos estigmatiza y segrega del resto de la ciudadanía.

Las leyes trans aprobadas en Andalucía, Madrid, Catalunya y, en trámite aún, en Valencia y Aragón, lograron ciertos avances: despatologización, no segregación, calidad de la atención, autonomía del paciente y la libre autodeterminación del género… Todos se traducen en una igualdad de trato y de condiciones, en el reconocimiento de las personas trans como sujetos de pleno derecho. Pero no han tardado mucho en arremeter contra estos logros argumentando “especificidad” en la atención.

 Desde la soberbia, prepotencia y autoritarismo, los que llevan décadas instalados en el poder descalifican, desprecian y quieren deslegitimar cualquier crítica o disidencia, haciendo gala de una transfobia estructural e institucional. Es relevante constatar que en el PSOE no hayamos visto el mismo empeño en denunciar las practicas “aberrantes y vejatorias” que se han hecho en las UTIGs, como en la defensa de la necesidad de su existencia, aunque para ello hablen de “centrifugado” y de prácticas más “amables” y respetuosas.

Las personas trans queremos un trato igualitario, atención de calidad, formación de los profesionales y más inversión en los tratamientos médicos y quirúrgicos. No es de recibo que, debido a los interminables tiempos de espera, más del 80% de las intervenciones quirúrgicas sean realizadas en la sanidad privada. Es ahí donde esta la calidad de la atención: en asumir que estas intervenciones forman parte de la salud de las personas trans, aunque ello se enfrente a los intereses económicos del lobby médico.

Han tardado 8 años en reconocer que la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas es excluyente y patologizadora. Incluso el Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC se pronuncie sobre si es o no acorde con la Carta Magna que los menores de edad trans no puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro, además de no cumplir con las directivas y recomendaciones europeas en materia de identidad legal.

¿Cuánto van a tardar en reconocer que las “unidades” son modelos de atención contrarios al principio de igualdad y de la autonomía del usuario?

Mar Cambrollé

Presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans

Publico