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domingo, 1 de octubre de 2017

Transexuales esperan ley de inclusión a estudio del Parlamento


En Uruguay hay 853 personas transexuales según el censo realizado por el Mides, de las cuales el 70% ejerció la prostitución. Se trata de un sector sumamente postergado que reclama una Ley Integral que les ayude a salir de la difícil situación en la que se encuentran.
La norma está actualmente a estudio en el Senado pero no parece haber voluntad política para sacarla adelante. Propone becas educativas, cupos laborales en el estado y una¡ atención integral en salud.
La multitudinaria Marcha por la Diversidad que se realizó este viernes, persiguió el objetivo de reclamar una rápida aprobación del proyecto.
La iniciativa fue el resultado del trabajo de un año entre la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, trans), ministerios, otros organismos gubernamentales, el PIT-CNT y las cámaras empresariales.
El proyecto propone un conjunto de acciones afirmativas como becas educativas, cupos laborales en llamados públicos, promoción del acceso a la cultura, la atención integral en salud en todos los prestadores del país y el pasaje desde un proceso judicializado hacia uno administrativo para tramitar el cambio de nombre y/o sexo en documentos de identidad, entre otras.
“El gran reto que tenemos ahora es producir un cambio mucho más difícil y más estructural: la transformación cultural. El desafío más próximo en este sentido es la Ley Integral para la Comunidad trans en la que se abarcan las principales dimensiones por las que este sector de la población es excluido”, declaró a República Radio, que se emite por la catorce10, Nicolás Mauri, vocero del colectivo Ovejas Negras y miembro del Consejo Nacional de Diversidad Sexual.
“En este momento este proyecto está a estudio en el Senado, pero aún no se ha tratado. Ya sabemos que hay diputados y senadores que salieron a declarar que no la iban a votar. Pero se está haciendo campaña por todos lados para mostrar que esta Ley es necesaria: se necesita un marco legal donde se pueda incluir a las personas trans. La iniciativa tiene varios núcleos temáticos. Uno es el 1 % en los llamados del Estado. Sin embargo, tampoco podemos cargar al Estado con la responsabilidad de que ingresen 1.000 personas. Las empresas privadas que contratan personas trans descuentan hasta un 60 % de tributaciones fiscales, pero aún así no lo hacen”, dijo a Desayunos Informales la presidenta de la Unión Trans del Uruguay, Collette Richard.
Además, se trata de una población con bajo nivel educativo: el 70% abandonó Primaria o Secundaria. Sin embargo, estas no son las únicas cifras alarmantes: el 25% ha sido forzado a dejar su hogar y el 58% declaró haber sufrido discriminación por algún miembro de su familia.
“El tema de las chicas trans sigue siendo un tabú en la sociedad. En realidad, las cuantificaciones estadísticas que hay son bastante alarmantes, por ejemplo, en materia educativa: estamos hablando de que la mayor parte de esta población se desafilia al sistema educativo antes de terminar el ciclo básico”, declaró Mauri.
Explicó que la desafiliación temprana del sistema educativo ocurre usualmente a los catorce años. “Es un círculo vicioso que lleva a un nivel de exclusión muy alto y que realmente habla de una situación de emergencia social muy importante, esto se refleja en otras esferas como la laboral, en la que el acceso al mercado formal es prácticamente inexistente y donde la única alternativa que termina quedando, para obtener, un ingreso es el trabajo sexual, que no es por voluntad propia sino que es por necesidad”.
Por su parte, Mahia Calvo, licenciada en Trabajo Social e integrante del Área Académica Queer, que se encarga de analizar la agenda de género y sexualidades en Uruguay, afirmó a República Radio que la desafiliación educativa sucede porque en las instituciones, tanto educativas como de salud o en los espacios laborales, se generan prácticas en donde la persona es excluida aunque no se genere un discurso de discriminación. Tal es el caso de los baños, los nombres o la ropa que la sociedad dictamina que el sujeto debe utilizar de acuerdo a su género.

Lo que dice el proyecto

En términos generales, la Ley Integral para las Personas Trans estipula una prestación reparatoria para los mayores de 41 años que hayan sido objeto de daño moral, físico o psicológico por prácticas discriminatorias. También declara como prioritaria a la población trans a la hora de garantizar el acceso a la vivienda.
Según el artículo 9 de dicho proyecto, el Estado está obligado a destinar el 1% de los puestos de trabajo a personas trans. Además, se encomienda al Instituto Nacional de Empleo y Formación que el 1% de sus cursos estén destinados a la población trans.
En la misma sintonía, Mauri recordó que el proyecto establece un proceso mucho más rápido y barato de cambio de nombre y sexo. Otro tema que trabaja la iniciativa es la educación. Mauri afirmó que el proyecto propone un sistema de becas para personas trans y se establecen cupos a llamados laborales. Además, analiza el tema sanitario.
Por su parte, Calvo explicó Ley Integral pretende modificar la precaria situación que tienen las estadísticas para medir adecuadamente la situación de este sector de la población. “No hay una forma de registro único por eso la Ley Integral propone que en todos los monitoreos del Estado se incorpore esta variable para poder cruzar los datos y analizar esta problemática situación”.

Inclusión educativa

Cabe mencionar que en el proyecto también se involucra la idea de inclusión educativa: “El Sistema Nacional de Educación Pública en todos sus niveles, asegurará la inclusión de las personas trans a lo largo de su vida, conforme a los principios previstos en la ley General de Educación 18.437, debiendo el Estado asegurar los derechos de aquellos colectivos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad”.
Por último, se estipula que todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas y/o a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Además, se afirma que los prestadores de salud, sean estatales o privados, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta Ley reconoce.


2 comentarios:

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