Dos años después de la muerte del Dictador, Francisco Franco, que fallece
el 20 de Noviembre de 1975, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, ( FAGC), convoca el 26 de 1977,
la primera manifestación del
“Orgullo” del Estado Español, con unas demandas claras y ajustadas al momento
social y político: “Mi cuerpo es mío
y hago con él lo que me da la gana”, “¡Amnistía sexual!” y “¡No somos
peligrosos!”. Hacían referencia a la abolición de la Ley de
Peligrosidad Social, a la amnistía para los presos por su orientación e
identidad sexual y reivindicaban el derecho a la libre utilización del propio
cuerpo.
Las cárceles
de Huelva y Badajoz vieron pasar por sus instalaciones a cerca de 5.000 presos,
la mayoría de ellos personas trans, ya que fueron por su realidad identitaria
las más visibles y por tanto objeto de la más brutal represión. La identidad
sexual en aquellos tiempos era negada. Eran los travestís o los “maricones” más
afeminados, una discriminación que se encargó de invisibilizar la realidad de
las “mujeres transexuales”.
Entrada la
democracia la ley siguió en vigor, aunque sin aplicación de facto para los
homosexuales. En enero de 1979 se eliminaron varios artículos de la ley, entre
ellos el referente a «los actos de homosexualidad». La lucha de los colectivos
homosexuales se centró entonces en conseguir la modificación de la ley sobre
el escándalo público, consiguiéndolo en 1983, y siendo su derogación en 1989.
La ley de peligrosidad social fue derogada completamente el 23 de noviembre de
1995.
Tras las
elecciones generales del día 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados
ejerció la iniciativa constitucional que le otorgaba el articulo 3º de la Ley
para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de 1977, el Pleno
aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la Mesa por
la que se creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un
proyecto de Constitución. Proceso que culminó en diciembre de 1978, su Majestad
el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso
de los Diputados y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el
miércoles 27 de diciembre de 1978. El Boletín Oficial del Estado publicó la
Constitución el día 29 de diciembre de 1978.
Como podemos
apreciar por las fechas, celebradas las elecciones de 1977, el 15 de octubre de
1977 se aprueba la amnistía para los presos políticos, siendo esta para los
presos “sociales” dos años después cuando en
enero de 1979 se despenaliza “los actos por homosexualidad”.
Después de mas
de treinta años de lucha de los colectivos LGTB, con el apoyo de las fuerzas
políticas de progreso y un gran apoyo social, España dá un gran paso hacia la
IGUALDAD, a propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas
políticas menos del Partido Popular, se aprueba en julio de 2005 una ley que
modificaba el código civil y permitía el matrimonio entre personas del mismo
sexo y el derecho a la adopción de menores por parte de los conyugues.
Mientras que
los partidarios de la medida estimaban que la verdadera igualdad solo se
consigue si se equiparaban todas las parejas en una misma figura jurídica,
el “matrimonio”, sus oponentes opinan que el término
"matrimonio" debería reservarse a la unión de un hombre y una
mujer. La Iglesia Católica en particular se opuso a esta ley,
considerándola un ataque a la institución del matrimonio. Otras asociaciones
también expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que las personas
homosexuales pudieran adoptar menores.
Pero el compromiso
con la IGUALDAD, desplegó un gran debate social y apoyo al matrimonio entre
personas del mismo sexo y el derecho a la adopción de menores, al que se
sumaron e hicieron su bandera todos los partidos políticos, movimiento social,
académicos, artistas y representantes de la cultura. Tras siete años de
incertidumbre por el recurso presentado por el Partido Popular, en noviembre de
2012 el Tribunal Constitucional avala el matrimonio entre personas del mismo
sexo y considera que el interés del menor queda salvaguardado en estas uniones,
afirmando que «no existe certeza que
permita afirmar actualmente que estas condiciones» de idoneidad «no
puedan ser proporcionadas por una pareja homosexual».
En todo este
tiempo y lucha las personas transexuales aún tenemos unas demandas de derechos
que nos acerquen a la IGUALDAD. Son pocos los avances que se han producido
para equiparar a la Comunidad Transexual con el resto de la ciudadanía.
Ciertamente,
en los últimos años se han producido avances en la reivindicación de la despatologización de la
transexualidad. En una doble vertiente. De una parte, se ha buscado la
desclasificación del trastorno de los manuales de enfermedades. De otra, se ha
solicitado que las personas transexuales
sean reconocidas como protagonistas y sujetos activos en los tratamientos
médicos que puedan requerir, ostentando capacidad y legitimidad para decidir
por sí mismas, con autonomía y responsabilidad sobre sus propios cuerpos. Junto
a estas reivindicaciones y en relación a la identidad de género, en los últimos
años ha emergido, asimismo, una novedosa perspectiva socio-jurídica que
reconoce la libre expresión del género
de las personas como un derecho humano
fundamental. Este prisma se ha materializado en diversos documentos e
informes de ámbito internacional, de entre los que destacan los Principios de
Yogyakarta y el Informe “Derechos Humanos e Identidad de Género” de Thomas
Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, publicado en
julio de 2009. En dichos escritos se afirma que “seguir considerando las identidades transexuales como enfermedades
mentales u orgánicas supone una vulneración de los derechos humanos de las
personas”.
Incluso en aquellas sociedades más avanzadas en
la aceptación y reconocimiento de la transexualidad, el colectivo de personas
transexuales padece fuertes grados de rechazo social, dificultades para la
inserción en el mercado laboral, en el acceso a la vivienda, a la asistencia
sanitaria, en el ejercicio de sus derechos familiares, sexuales y
reproductivos, que convierten al
colectivo de personas transexuales en uno de los más desfavorecidos de la
sociedad.
Ahora, por la Igualdad Trans. Es necesaria una Ley Integral de Transexualidad que
garantice la no discriminación por motivos de identidad de género y los
derechos de la personas transexuales, menores incluidos.
En esta tarea debemos estar todos, las fuerzas
políticas de progreso, movimiento
social, lesbianas, gays, bisexuales y
ciudadanía en general, sumando a esta lucha por la equiparación de derechos en
todos los ámbitos a las personas transexuales.
En la sanidad: Por una atención igualitaria de
acceso a la sanidad pública, donde prevalezca la libre expresión del género,
como un derecho humano fundamental e inalienable, despatologizando los
protocolos de atención que quebrantan los Derechos Constitucionales de las
personas transexuales. La inclusión de los menores transexuales, debe de estar
basada en la experiencia práctica y recomendada de todos los países que
atienden a menores transexuales, EEUU, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania,
Italia, Francia y en las Leyes y Tratados que protegen a los menores. Son una
realidad, existen y viven como niñas o niños, no atenderlos por “prejuicio”, “ignorancia” o “miedo” a las
voces mas conservadoras, es empujarlos al “armario”, es incrementar el
sufrimiento y la angustia de ellos y de sus familias. Hemos sido valientes en
afrontar del debate social si las parejas del mismo sexo deberían a adoptar o
no a menores, defendiendo el interés del menor contra las afirmaciones más
ultraconservadoras de quienes están en contra de la IGUALDAD y de los Derechos
Humanos. Ahora es el momento de los
“menores transexuales”.
En el empleo: Con políticas activas y de
discriminación positiva, que posibilite el acceso al mercado laboral de
personas que son discriminadas por su identidad, con especial mención a las
mujeres.
En la Educación: Consideramos necesario y fundamental educar en la diversidad
afectivo-sexual, sin complejos y desde los primeros años de la enseñanza. Actualmente
nos encontramos con un sistema educativo que padece graves déficits, entre
ellos destacamos que las y los
profesionales de la educación no cuentan con recursos o herramientas que ayuden
a identificar, mediar o resolver los conflictos y la violencia derivados de la
diversidad afectivo-sexual, y son alarmante las verdaderas situaciones de
violencia que sufren los y las
adolescentes transexuales por el mero hecho de su identidad sexual.
La Consejería de Educación debe
velar para que los estudiantes, personal y docentes presentes en los
centros educativos de la Comunidad de Andalucía tengan el derecho a ver su identidad de género y su
nombre elegido reflejados en la documentación administrativa de sus centros, en
especial aquella de exposición pública como listados de alumnos, calificaciones académicas o
censos electorales para elecciones sindicales, con independencia de su
situación en el Registro Civil.
Por el derecho a todos los derechos, de niñas,
niños, mujeres y hombres transexuales ¡¡
Ley Integral de Transexualidad, YA ¡¡
Mar Cambrollé, presidenta de ATA (Asociación de
Transexuales de Andalucía)
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