Desde la primera
presentación de la proposición de ley por parte de IULV-CA hasta esta toma en
consideración, han pasado meses de mucho trabajo pero también de muchas emociones
compartidas junto a los integrantes de un colectivo de personas que nos han
enseñado, que nos han guiado y nos han conducido por este camino.
Porque esto es lo
más resaltable de la ley. No es una ley que nace de un grupo, ni de dos, nace
de las propias personas interesadas, el colectivo transexual, que han ido
relatando punto por punto cuáles eran sus necesidades, sus carencias, a qué
tenía que responder la ley, muchas veces sin entender de competencias, sin
razonar sobre lo que se puede porque estamos en el ámbito de lo que se debe.
Se debe de deuda.
Deuda con un colectivo que ha visto pospuesta su reivindicación desde el año
2009 en que se aprobaba aquella primera PNL que trataba de ser un impulso a su
ley. Deuda social con un colectivo largamente olvidado y postergado frente a otros colectivos
asimilados no porque vivieran problemáticas similares, sino porque parece que
hacemos un cajón de sastre con todo aquello que la sociedad estigmatiza.
En Europa existen
cerca de tres millones de personas transexuales, en España más de trescientas
mil y en Andalucía cerca de ocho mil. Personas que de una forma u otra, son discriminadas
y viven al margen de los Derechos Sociales y Civiles que garantizan las Cartas
Constitucionales y, en nuestro ámbito autonómico, el Estatuto de autonomía. Colectivo
al que se le vulneran Derechos Humanos Fundamentales, como son el Derecho a la
dignidad, intimidad, el honor, a la propia imagen y al libre desarrollo de la
personalidad.
La patologización
de la transexualidad y el discurso “biomédico” que la sustenta, han perpetuado
el estigma de estas personas, sometiéndolas a una exclusión social, laboral,
sanitaria y educativa, influyendo en los discursos morales y “progresistas”,
que han “justificado”, so pretexto de una “protección”, la negación de la
verdadera identidad sexual, privándoles de
la capacidad como sujetos de pleno derecho y por consiguiente relegando
a este colectivo de personas, a la categoría de subhumanos.
Son muchas las
voces que se han posicionado en contra de la patologización de la
transexualidad, sociedades científicas, políticas e instituciones, locales,
autonómicas, estatales e internacionales. El Parlamento Español, la Cámara
Vasca, El parlamento de Andalucía, La Asamblea Regional de Murcia… El
Parlamento Europeo, El Comisario de los Derechos Humanos de la UE… Pero a
pesar, de todas estas declaraciones, que han sido refrendadas por las fuerzas
políticas, aún no se han concretado en medidas efectivas para no considerar la
transexualidad una “enfermedad mental” y por consiguiente se sigue
estigmatizando a las personas transexuales, segregándolas y dándoles un trato
discriminatorio con respecto al resto de la ciudadanía.
Esta sociedad y los
responsables de su gobierno, han de saber que no existen tratamientos “específicos
para las personas transexuales. Cualquier tratamiento médico, o quirúrgico que
necesiten las personas transexuales, puede ser necesario para todas las
personas no transexuales. Hormonas, mastectomías, histerectomías, cirugías
genitales, son en numerosas ocasiones prescritas para las personas no
transexuales, teniendo acceso a estos tratamientos, sin ser segregadas y sin
ser “sospechosas” de ser enfermas mentales, lo que se traduce en una
vulneración del principio de igualdad y de no discriminación hacia las personas
transexuales.
Esta ley por tanto,
no es una ley de privilegios ni de ampliación de derechos, esta ley viene a
garantizar la IGUALDAD en DERECHOS de las personas transexuales con el resto de
la ciudadanía.
Esta sociedad y las
fuerzas políticas tienen una deuda con las personas transexuales, porque a día
de hoy la IGUALDAD, es un valor del que no son beneficiarias.
Por ello es
necesario un marco jurídico que garantice la no discriminación por identidad de
género y el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, para
equipararlas en igualdad real al resto de la ciudadanía, en los ámbitos
laborales, educacionales y sanitarios.
Y se debe de
obligación. Tenemos el deber desde la administración pública de remover los
obstáculos que dificulten e impidan la igualdad.
Tenemos el deber de
evitar la discriminación, de procurar la integración y la integridad de las
personas. Tenemos el deber de luchar contra todo aquello que impida a una
persona ser tratado de acuerdo con la dignidad que corresponde al ser humano.
Tenemos el deber como parte de los poderes públicos de defender los derechos
humanos, que son aquellos que dignifican a la persona, que le atribuyen esa
cualidad.
Por eso en esta ley
hablamos del derecho humano a la libre determinación del género, género
distinto del sexo, de la orientación sexual, de la opción sexual. Olvidémonos
del sexo (así lo expresaba maravillosamente Jessica en una reunión de trabajo)
y hablemos de lo que una persona es porque así lo siente, y ofrezcamos a esa
persona la posibilidad de desarrollarse libremente. Porque la libertad es la
base de la democracia, de la democracia real.
Hacemos esta ley
para garantizar que nadie puede imponer a nadie sus creencias o ideologías y
obligarla a ser quien no es, obligarla a ser otra persona con otra conciencia
de sí mismo. ¿Puede obligarse a ello? Impedir el reconocimiento de esta
libertad no lo impedirá, solo añadirá un sufrimiento más a quien deberá
enfrentarse a muchos estereotipos sociales antes de aceptarse y ser aceptado. A
quien tendrá que enfrentarse a esa absurda imposición del binomio niño- niña
que desconoce la existencia de otras realidades.
Ha sido un camino
muy difícil, porque ha removido las conciencias de todos y todas quienes
participábamos en la elaboración de este texto abordando el mismo desde fuera,
desde la inexperiencia de lo que se siente y se vive, desde el más absoluto
desconocimiento de las terminologías, desde las meteduras de pata del lenguaje
heteropatriarcal que se impone allá por donde transites, desde la comprensión y a veces desde la
incomprensión de quienes, sin embargo, viven esta realidad y tienen la
sensibilidad a flor de piel.
Han sido muchas las
personas que nos han ayudado, padres, madres, adolescentes que como decía
Silvio Rodríguez son seminiños asustados mirando a la gente, mucho más
asustados al romper con todo lo establecido y que se espera de ellos y ellas,
jóvenes con la seguridad de lo que quieren y comiéndose ese mundo al que poco
tiempo atrás miraban con miedo, y mayores, incluso muy mayores como Kim Pérez que guardan el arrojo en su mirada y
descansan por la noche para recargar las pilas de la valentía que supone día a
día ser un desafío permanente al orden, o al ordeno y mando de la
intransigencia y la ceguera de la cerrazón.
A todas esas
personas agradecemos desde IULV-CA que nos hayan enseñado, guiado y acompañado,
y especialmente a Kim y Mar, a Angela y a Pablo que, por motivos laborales no
puede estar hoy aquí. Ángela y Pablo por la autoría de los diferentes borradores,
Kim y Mar por la pelea constante, por haberle puesto voz a un sufrimiento que
hoy empieza a dejar de serlo.
La madurez
democrática de una sociedad, se mide
cuando a ningún sector de su población se le cercenan Derechos Humanos
Fundamentales. La IGUALDAD no puede tener “condiciones”, la IGUALDAD ES PARA
TODAS Y TODOS, o NO ES IGUALDAD.
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