“No quiero que nadie sufra como ha sufrido mi hija”

Colectivos, personas transexuales y especialistas comparecieron ayer en el Parlamento de Andalucía para hacer sus aportaciones a la ley integral de transexualiad. Desde el PP volvieron a dar su apoyo al texto

Cris es una joven de Sevilla, ojos rasgados, de pelo largo y liso. Se le ve una chica feliz. Habla con seguridad y sonríe tímidamente. Pero en su adolescencia sufrió depresión. También anorexia. Se encerró en sí misma, tal vez para buscarse, porque no sabía quién era, cuál era su verdadera identidad. Al nacer, su madre, Cecilia, pensó erróneamente que había tenido un niño. Pero desde siempre se dio cuenta que algo no encajaba. Pensó que había tenido un hijo “maricón”, palabra que a Cecilia no le gusta utilizar, pero que reconoce que fue el término que usó entonces. Se equivocó y le pidió disculpas a su hija. Hasta los 18 años, y ante la falta de información, Cris no supo lo que le pasaba: no era un chico gay, era una mujer. Es una mujer transexual. Al encontrar su verdadera identidad de mujer la vida empezó a ser  más agradable y algo que comenzó a merecer la pena. También su madre reconoce que las dudas y el no saber cómo actuar lo condicionó todo. Madre e hija ofrecieron ayer su testimonio ante la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, encargada de tramitar la futura ley integral de transexualidad de Andalucía.

Fue una de las comparecencias más emotivas y que puso el vello de punta a las parlamentarias de PP, PSOE e IU que escucharon atentamente a madre e hija. “No quiero que nadie sufra como ha sufrido mi hija”, explicó Cecilia ante la comisión, ante la que mostraron su apoyo a la futura y pionera ley de Andalucía, y que saldrá adelante con los votos de PSOE e IU, que tienen mayoría en la cámara. Pero también lo hará, previsiblemente, con los votos del PP. Será una ley de consenso. Ayer la portavoz en la comisión del PP, Esperanza Oña, mostró en todo momento su entusiasmo y apoyo al texto, elaborado por la Asociación de Transexuales de Andalucía y Conjuntos Difusos, junto a los grupos de PSOE e IU, durante más de un año de continuo trabajo, lucha y no pocos obstáculos.

Las comparecencias comenzaron pasadas las nueve de la mañana. La primera invitada, María Isabel García Cantero, psicóloga y sexóloga, dejó clara su postura nada más comenzar: “La transexualidad no es una patología, y nadie la puede diagnosticar, salvo la propia persona”. García, desde su “experiencia como profesional”, aseguró que los médicos no están “para decidir si una persona es transexual” y sí para “acompañar y ayudar”. García hizo especial hincapié en los niños y niñas transexuales y en la importacia de crear protocolos educativos y en formar al profesorado. La desinformación y los prejuicios fueron señalados por esta psicóloga como elementos clave en la causa del sufrimiento de las personas transexuales.

ESPERANZA OÑA: “EN EL PP NO SOMOS TODOS IGUALES”

La Fundación Triángulo, colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), mostró su “apoyo total” a la ley, pero con un reparo: el texto “introduce el riesgo, al utilizar el término ciudadanía (que jurídicamente hace referencia a la nacionalidad),  que en el futuro algún intérprete de la ley decidiera la exclusión de la población inmigrante transexual en atención a su carencia de ciudadanía española”. Desde Triángulo también hicieron una petición al PP para que la apoyara, recordando que, tan solo dos días antes, en Madrid, el PP tumbó una iniciativa similar en la Asamblea autonómica.

Pero hasta ahora el PP de Andalucía no ha puesto reparos al texto, y parece que no los va a poner. En relación con las palabras de los representantes de Triángulo, la portavoz conservadora, Esperanza Oña, replicó que “no todas las personas son iguales, y ustedes son un ejemplo de ello. Y en el PP no todos somos iguales”. Incluso aseguró que con su postura de apoyo al texto se juega “más que otros”.

LA UTIG, EN EL PUNTO DE MIRA

La Unidad de Transexualidad e Identidad de Género, UTIG, del hospital provincial de Málaga, fue uno de los elementos más cuestionados por los colectivo de transexuales y de los que más se habló ayer en la comisión parlamentaria. “La ley no deja claro qué va a pasar con la UTIG, no nos permite saber qué vamos a tener”, argumentaron desde Triángulo, que creen que esta unidad debe quedar como un área de “investigación, seguimiento y asesoramiento a los endocrinos (médicos de las hormonas) de proximidad”.

Y es que hasta ahora la sanidad andaluza centra la atención médica a las personas trans en la UTIG. Pero el texto de la ley, basado en la autodeterminación del cuerpo, la descentralización y la despatologización, hacen que esta unidad no pueda seguir funcionado como lo viene haciendo hasta ahora. Como recoge la ley, la transexualidad no es una patología, no se puede diagnosticar ni puede existir una especialización médica que segregue a los pacientes trans.

Los ejemplos prácticos de los cambios que supondrá la ley los explicó en su comparecencia Mar Cambrollé, presidenta de ATA, que aseguró que “no solo basta hablar de despatologización, hay que llevarlo a la práctica”. Eso conlleva que para acceder a los tratamientos hormonales no sea necesario pasar por una criba de evaluación psicológica, como ocurre hasta ahora. Tampoco, y este es otro elemento irrenunciable para los colectivos trans, se podrá seguir centralizando la atención sanitaria en el hospital malagueño. “Si somos iguales no se nos puede segregar, y se nos tiene que atender como a cualquier otra persona, lo más cerca posible de donde vivimos”, pidió Cambrollé, que explicó que la receta de hormonas se hacen en todas las provincias andaluzas.

Precisamente una de las intervenciones más controvertidas fue la de la coordinadora de la UTIG de Málaga, la endocrina Isabel Esteve: “No son enfermos mentales, sufren un trastorno crítico que no sabemos de dónde viene”. Esteve defendió la forma de trabajo “multidisciplinar” de la UTIG, argumentado que se siguen “protocolos internacionales” y que “la comunicación del equipo es imprescindible”. También insistió, como hacen organismos internacionales, en tratar el hecho trans tras obtener un diagnóstico de “disforia de género”. También cargó de forma velada contra los colectivos de personas transexuales al explicar que la mayoría de personas trans “no están en colectivo” y que piden que la UTIG sea “su voz”.

La UTIG, de la más de decena de comparecencias, solo recibió el apoyo explícito de la asociación De Frente, y de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil Valme. El tratamiento de la transexualidad como disforia de género, y la aplicación de los protocolos, que excluyen a personas con enfermedades mentales, es para los colectivos un “atropello de los derechos humanos”.

Cris, la joven transexual que estuvo acompañada por su madre durante la comisión, dio en la clave: “¿Es que las personas trans no podemos ser bipolares?”. También explicó la “pérdida de tiempo” que supone tener que desplazarse hasta Málaga para tener que realizarse simples análisis de sangres que podrían realizarse en su centro de salud.

Precisamente la exclusión de personas trans que sufren enfermedades mentales, como consecuencia de la aplicación de los protocolos internacionales, hicieron que una mujer transexual, Rosa Pazos, nunca pudiera acceder a las hormonas ni al cambio de nombre en el DNI. La lucha de Rosa Pazos, como recordó ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, fue clave para que a finales de los 90 Andalucía asumiera de forma oficial la atención sanitaria a personas trans. “Entonces se hizo desde un punto de vista patologizante”, recordó Maeztu, que dio su apoyo a la ley. Rosa Pazos era esquizofrénica, lo que le impidió que recibiera el visto bueno en la UTIG para poder acceder, como ciudadana de primera, a la atención sanitaria a la que tenía derecho.

Tras las aportaciones de los colectivos y especialista, la ley recibirá las posibles enmiendas de los grupos antes de su previsible aprobación en el Parlamento de Andalucía en la última semana de junio.