Después de la entrada en vigor de esta Ley el pasado 19 de julio, como
así lo indica su Disposición final segunda, y
para que su aplicación se haga efectiva, instamos al Gobierno Andaluz a
que el desarrollo de reglamentos, procedimientos y protocolos se realice a la mayor brevedad posible.
El 18 de Julio fue publicada en
el BOJA la “Ley 2/2014, de 8 de julio,
integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía”,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
La Asociación de Transexuales de
Andalucía, celebra este avance social, que ha costado más de cinco años de
negociaciónes con los partidos políticos
que han presentado la Ley, y un par de anuncios de huelga de hambre; uno para que se reanudara el grupo de trabajo
de la ley y otro, para que se fijara fecha de registro y que su contenido
respondiera a las demandas que desde los colectivos representativos de las
personas trans habíamos propuesto.
La ley Andaluza, es una Ley pionera
en la despatologización de la transexualidad y en el reconocimiento de la
libre autodeterminación del género como derecho humano. Ambas cuestiones la hacen una de las leyes más avanzadas de
España, Europa y también a nivel mundial, en lo que se refiere al reconocimiento de
derechos de las personas transexuales y por ser una herramienta contra la
discriminación por identidad de género.
¿Por qué decimos que
despatologiza la transexualidad? Porque reconoce
la transexualidad como una expresión de la diversidad humana y no como una
“enfermedad” o “trastorno de la identidad”, esto significa que las personas
transexuales dejarán de ser objeto de
evaluaciones o diagnósticos psicológicos obligatorios para acceder a los
tratamientos médicos o quirúrgicos. Será
reconocida la identidad de género libremente determinada.
“Recibir una atención integral y adecuada a nuestras necesidades sociales, sanitarias,
jurídicas, laborales y educativas, entre otras, en igualdad efectiva
de condiciones y sin discriminación con el resto de la ciudadanía, es una de
las garantías para alcanzar la igualdad”, declara Mar Cambrollé, presidenta
de ATA-Sylvia Rivera.
Instamos al Gobierno Andaluz, al pronto desarrollo de reglamentos,
procedimientos y protocolos que la hagan efectiva, para que no quede simplemente en una
declaración de buenas intenciones, o una
operación de marketing, consistente en “vender”
avances que en realidad no se ponen en práctica. Para ello, es necesario contar
con la colaboración de las entidades de personas transexuales que conocen la
realidad transexual, sus necesidades y las consecuencias de la mala praxis que
hasta ahora se ha venido realizando. “Cuando
un colectivo es invisibilizado, no existe, no tiene derechos ni puede luchar
por ellos. Al no dar voz a un colectivo, no existen modelos reales de ese grupo
y puedes imponer el tuyo", añade Cambrollé.
ATA, considera una cuestión URGENTE desarrollar el “procedimiento” de atención sanitaria, para que dicha atención sea
como dice la Ley, en igualdad de condiciones y en centros de proximidad,
evitando así la segregación que nos estigmatiza y discrimina, y anulando las evaluaciones o diagnósticos psicológicos obligatorios.
Pero sobre todo, lo que desde ATA
entendemos que es imprescindible es, apartar
de la atención a personas transexuales, a los “profesionales” que hasta ahora han
sido perpetradores de una praxis inhumana
y patologizante que, durante años, nos han
tratado como “enfermas y enfermos
mentales”, vejándonos, humillándonos y atentando contra nuestro honor, nuestra
intimidad y despojándonos de forma sistemática de lo mas importante en la vida
de cualquier persona; nuestra dignidad.
Es una afrenta que las personas
transexuales sigan siendo atendidas por esos “profesionales”. Es no reconocer
el error, el daño y el dolor que muchos adolescentes, familias y personas
transexuales hemos sufrido, y una incoherencia política e institucional, que
invalida cualquier discurso en favor de la igualdad y la no discriminación.
Es una oportunidad para ser un referente mundial, saldar una deuda con las personas
transexuales, las cuales, en muchos momentos hemos visto como se han vulnerado en un estado democrático y con gobiernos progresistas, nuestro derecho a ser
atendidas de nuestras necesidades sanitarias, como cuando se excluyó por real decreto 63/1995, de 20 de
enero, de la cartera de prestaciones del SNS (Servicio Nacional de Salud) la
transexualidad, concretamente de la cartera de servicios en el punto 5 del anexo
III de ese real decreto. La ministra socialista, Ángeles Amador fue quien firmó
este decreto. Posteriormente, el real
decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, de la nueva cartera de prestaciones del
SNS no excluye expresamente la transexualidad, pero no la incluye. Se podría “interpretar” su inclusión en mérito
del apartado 5.1.5 del anexo III del real decreto, pero bajo el criterio de las
Consejerías de Sanidad autonómicas y del servicio autonómico (andaluz, catalán,
vasco, madrileño, gallego, etc) de salud. Esto ha provocado que, no exista una atención normalizada de la transexualidad en
todas la Comunidades Autonómicas, dejándonos a criterio e interpretación de
cada Comunidad.
Se puede dar un salto histórico
en avances sociales y civiles para la Comunidad Trans, pero para ello, sería
obligatorio también reconocer los
errores del pasado y rectificar. No en vano, si apelamos a la Memoria histórica de nuestro colectivo,
este reconocimiento debería ser un primer paso ineludible. Ni la formación de nuevos profesionales, ni
la atención sanitaria pueden venir de la mano de aquellos que han creído y
creen que la transexualidad es un “trastorno de la identidad” y cuyas praxis
han causado dolor, sufrimiento y vejación sistemática de nuestros derechos
humanos fundamentales.
La igualdad real en todos los
ámbitos, aún la tenemos que conseguir, ello depende de nosotras y nosotros, lo
hemos demostrado al registrar esta ley hasta su aprobación por unanimidad. El
que ahora sea efectiva esta ley, es una
asignatura pendiente y lo vamos a conseguir.
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