Afirmaron que 9 de los 11 artículos del proyecto de ley repiten derechos ya garantizados y denunciaron que la iniciativa no termina con la judicialización del trámite para el cambio de nombre y sexo legal, “lo cual es gravísimo”.
Diversas organizaciones de transexuales han manifestado al Gobierno y al Congreso Nacional de Chile su rechazo a la actual versión del proyecto de Ley de Identidad de Género que tramita la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
En ese sentido, la representante del Área Trans del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), Paula Dinamarca, se reunió con la Comisión de Derechos Humanos y criticó que “de los 11 artículos del proyecto de ley, 9 se refieren a derechos ya garantizados en políticas públicas o en la legislación actual, lo que convierte a esta propuesta en una mera declaración de principios”.
En una sesión donde estuvo el presidente de la Comisión, el senador Manuel Antonio Matta, y los parlamentarios Alejandro Navarro y Lily Pérez, Dinamarca añadió que lo “más grave es que este proyecto de ley no resuelve el problema de fondo, cual es el derecho de las personas trans a ser identificadas con un nombre y sexo legal acorde a su género, sin judicialización de por medio”.
Explicó que el proyecto “sólo cambia el trámite de los tribunales civiles a los de familia, cuando lo que debe hacer es terminar con la judicialización del proceso de manera que toda persona puede modificar su nombre y sexo legal una vez en su vida con un trámite simple en el Registro Civil”, apuntó Dinamarca.
En un documento entregado al Senador, el Área Trans del Movilh precisó que sólo la realización del trámite en el Registro Civil “erradicará los tres principales problemas que enfrentan las personas trans en la atcualidad:la discrecionalidad de los jueces, los costos y el injustificado tiempo destinado al proceso y la judicialización del cambio de nombre y sexo legal, lo que es un obstáculo desmedido para el derecho básico de cualquier persona a ser identificada con el nombre y sexo acorde a su propia realidad”.
Apuntó que “trasladar de tribunales al Registro Civil este proceso responde además a la realidad concreta de la población trans femenina más vulnerable, es decir aquella que carece de estudios y ejerce el comercio sexual y que es la mayoría. Este grupo humano es reacio a efectuar trámites y tiene una alta y justificada desconfianza con la institucionalidad y la burocracia”.
Puntualizó que “la realización del trámite en el Registro Civil generará la plena igualdad de oportunidades y derechos a las personas para cambiar su identidad legal, sea cual sea su identidad de género u orientación sexual. Con el actual proyecto de ley, se da el absurdo que según sea la particularidad de cada persona, es decir según sea su identidad de género, deberán pasar por tribunales distintos para cambiar su identificación legal, lo que es un contrasentido con la Ley Antidiscriminatoria y la inclusión plena”.
Estas mismas demandas son compartidas por [1]el Sindicato Trans Amanda Jofré, el colectivo transgénero más grande del país, la Organización Ambiguas de Coquimbo, Ciprodes de Quillota, Red Trans San Antonio, Femeninas al Frente de Valparaíso, Transgéneras por el Cambio de Talca y Red Trans Chile, las cuales en diversas ocasiones han hecho llegar sus observaciones al Senado y al Gobierno.
Los colectivos esperan “que esta ley sea el resultado de todas las organizaciones interesadas en estas materias, por lo que esperamos que estas y otras observaciones nuestras, hasta ahora desatendidas, sean consideradas en igualdad de condiciones”.
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