El 'apartheid' de los transexuales

Carol Ferrer soñó con tan sólo siete años que era una niña. Sus genitales eran de varón, pero aquella niña tuvo muy clara su identidad sexual. Desde entonces, ha luchado contra todo tipo de adversidades por alcanzar su sueño. "Y ya nadie me va a parar. Soy una mujer porque me siento realizada como mujer", afirma tajante esta transexual.

A los 13 años, la sevillana Mónica Cadenas tuvo su primera cita en la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya en Málaga del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que está funcionando desde 1999 para atender de forma integral a los transexuales con psicólogos; endocrinólogos para el tratamiento hormonal; y cirujanos, si deciden someterse a la cirugía de reconstrucción genital, mal llamada de cambio de sexo porque ningún transexual se siente hombre o mujer sólo por la operación.

A la intervención quirúrgica sólo se somete un 15% de mujeres y un 3% de hombres, según los datos de la Asociación de Transexuales de Andalucía. La mayor demanda se centra en el tratamiento hormonal. Al igual que Carol, Mónica tuvo también muy claro desde muy pequeña que era una niña, aunque sus genitales indicaran lo contrario. Ahora tiene 22 años y todavía sigue en la primera fase, con el psicólogo en la unidad de Málaga.

"Me están maltratando y negando la ayuda médica que necesito", se queja la joven, que reclama de forma insistente el tratamiento hormonal para que su aspecto exterior se corresponda con su identidad sexual como mujer. Ante esta "larguísima" espera, Mónica decidió autohormonarse sin control médico, a pesar del riesgo para su salud. "No me han dejado otra salida", a pesar de que, según cuenta, en el hospital malagueño le han dicho que, "por autohormonarme, quizá ya no me van a operar".

También Carol recurrió a un manual de endrocrinología del Hospital Virgen del Rocío que encontró en Internet. Se lo estudió y "sigo autohormonándome" porque, tras nueve citas con la psicóloga entre 2008 y 2009 en la unidad Carlos Haya y nunca iniciar la segunda fase, "acabé cansada y humillada". "Estamos poniendo nuestra salud en peligro", apunta Mabel Romero, otra transexual de Sevilla que está a punto de lograr el tratamiento hormonal tras dos años de espera.

"Parece que somos leprosos"

La autohormonación es casi la única salida a las esperas de años, a pesar de que cualquier experto en endocrinología de la red pública del SAS podría hacerlo, como ocurría antes de que existiera la unidad de Málaga. Esta es, precisamente, una de las reivindicaciones del colectivo: la descentralización de la atención sanitaria que evitaría los desplazamientos de cientos de kilómetros para una simple analítica de sangre.

"Parece que somos leprosos, yendo allí y recorriendo cientos de kilómetros para luego estar diez minutos en consulta", denuncia Mónica. Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, cree que el sistema que hay instaurado es un "apartheid" para los transexuales que está perpetuando el "estigma" sobre un colectivo vulnerable. Las chicas que la acompañan asienten.

Hay más agravios. En otras comunidades con unidades similares, la espera en la primera fase ronda los cuatro meses, frente a los "nueve meses, un año, dos o más" –Mónica lleva nueve años– en Carlos Haya, explica Mar Cambrollé. Denuncian que las citas con el psicólogo son «humillantes y vejatorias» por los test "morbosos y sexistas" que les imponen.

De hecho, el gaditano Marco Arias, de 33 años, se ha negado a hacer los test psicológicos porque "no soy ningún enfermo mental". Según un estudio de la Universidad de Philadelphia, el 80% de los transexuales ha pensado en el suicidio y un 40% lo ha intentado. "Si conocemos esta realidad, ¿por qué no se cambian los protocolos y se agilizan las esperas?", se pregunta Mar Cambrollé, quien lamenta que se esté aumentando el sufrimiento de los transexuales por la «discriminatoria» atención que presta el SAS.

La estadística sobre los suicidios encierra mucho dolor. Mónica, la joven que empezó con 13 años su tratamiento, lo ha intentado varias veces. "He atentado contra mi vida por culpa de este maltrato en el Carlos Haya", afirma la joven. Una transexual de 36 años falleció el pasado invierno en Almería tras lanzarse desde un sexto piso. "Tenía muchos problemas con la unidad" de Málaga, recuerda ahora María Serrano, otra transexual de Almería que la conocía. Aunque María ha sido intervenida quirúrgicamente dos veces, después de que la primera le dejara graves secuelas y dolores, todavía el resultado no es satisfactorio. Lo llamativo es que acude a la unidad para que los cirujanos revisen sus genitales, y le vuelven a dar cita para la psicóloga. "No tiene sentido".

Tamara Álvarez, del municipio gaditano de San Fernando, que ha permanecido seis años en la unidad de Carlos Haya, tuvo varios intentos de suicidio. "Intenté cortarme lo de abajo. ¿Por qué tenemos que vivir con algo que no nos pertenece?".

Una 'ofensa' a los profesionales

La Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya fue la primera que se abrió en el país para atender a los transexuales y ofrecer cirugías de reconstrucción genital en un servicio público.

Su apertura generó un gran debate, pero poco a poco surgieron más, hasta las cuatro que ofrecen ahora una atención integral (Madrid, Cataluña y País Vasco, además de Andalucía). La Asociación de Transexuales andaluza denunció que la Junta las "discrimina", que las esperas en otras comunidades son menores y que Madrid y País Vasco ofrecen intervenciones (mamas y cuerdas vocales) que no se practican en Málaga.

La Consejería de Salud indicó a este diario que la unidad está formada por un equipo multidisciplinar que trabaja con protocolos asistenciales aceptados "internacionalmente, y que ofrece una atención sanitaria de calidad, siendo referencia para los centros públicos españoles y europeos".

Los profesionales de la UTIG de Málaga coordinan las unidades existentes en España y por ella han rotado profesionales de otras unidades, explicaron. Para la Junta, cuestionar la labor de la unidad supone "una ofensa a los profesionales sanitarios y a su buen hacer, que han más que demostrado en los últimos años", ha dicho Salud en una nota oficial.