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lunes, 1 de diciembre de 2014

Contra la Falta de #Derechos #ResistenciaTrans

El 25 de Junio pasado fue una fecha clave para los derechos de las personas transexuales, así como para el resto de la ciudadanía: se aprueba en el Parlamento andaluz una ley que libera por fin a este colectivo de la tutela médica, reconociendo a las personas transexuales el derecho a autodeterminar el propio género sin diagnostico previo ni condiciones de ningún tipo.

Una ley de similar importancia y relevancia a lo que en su momento supuso el matrimonio igualitario para la equiparación de gais y lesbianas al resto de la población, aunque no haya tenido el mismo reconocimiento ni atención mediática.  Ya que supone un avance en el modelo de atención, normaliza y equipara a las personas trans con la ciudadanía; existen intereses “médicos” para no perder el poder y control que a través de las UTIGs han ejercido sobre nuestras vidas y necesidades sanitarias. El modelo de atención que se desprende de la ley trans andaluza, nos reconoce como sujetos de pleno derecho y dejamos de ser objetos para la medicina. 

La ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, entró en vigor el 19 de Julio de 2014, nació directamente del trabajo y la presión ejercida por el movimiento trans, representado por la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera), y Conjuntos Difusos (Autonomía Trans). Un trabajo iniciado por ATA-Sylvia Rivera hace cinco años que finalmente logró el consenso de todos los partidos políticos del Parlamento andaluz, ley que fue propuesta por PSOE-Andalucía e IU-LV-CA.

El pasado 14 de Noviembre la prensa hizo público que el Gobierno central y Junta de Andalucía han decidido poner en marcha un grupo de trabajo que proponga soluciones a las reticencias expresadas por el primero sobre varios artículos básicos de la ley, en concreto los 2.4, 4.1, 4.2, 9, 10.2, 10.7, 15.2.b, 19.3 y 19.4, que regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la identidad de género manifestada, el reconocimiento del derecho de los menores a utilizar libremente el nombre que hayan elegido o la inclusión en la cartera de prestaciones sanitarias de los tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad.
El grupo de trabajo debe ahora comunicar el acuerdo al Constitucional para que, como permite la ley en estos casos, amplíe de tres a nueve meses el plazo que tiene el gobierno para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, así como proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía una solución que evite el recurso.

Aunque existe una posible “amenaza” de recurso, NO existe RECURSO interpuesto, SÍ unas discrepancias, que una vez aclaradas, dejará sin fundamento jurídico el posible recurso.  Desde los partidos proponentes de la ley han afirmado: “Los servicios jurídicos del Parlamento dieron su visto bueno tras un trabajo arduo y no dejamos ningún fleco suelto, para que esto no ocurriera”.  

Cualquier acción contra un “recurso” que en la actualidad no existe, puede ser una desviación y manipulación de confrontación “partidista” para soslayar la responsabilidad del Gobierno Andaluz en hacer cumplir una ley aprobada por unanimidad y de obligado cumplimiento.

El pasado 21 de octubre de 2014, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera, envío a la Presidenta de la Junta de Andalucía y todos los grupos parlamentarios una carta exigiendo celeridad en el desarrollo de procedimientos, protocolos y normas que hagan efectiva la ley, así como la petición de apartar de la atención a personas transexuales a los profesionales de la UTIG que durante años han vulnerado en sus praxis médicas los derechos humanos de las personas trans, por considerar una afrenta el seguir siendo atendidos/as por “profesionales” que nos han patologizado; a esta carta se adhirieron mas de 50 entidades de carácter social, político y sindical; es curioso que quienes alzan de forma torticera y manipuladora la voz “supuestamente” en defensa de los derechos de las personas trans, no exigieran la efectividad de la ley, y nunca la han levantado si ello suponía una exigencia al Gobierno andaluz.

Es indignante, deleznable y malintencionada, la instrumentalización que entidades serviles y obedientes a la "casta" política hacen de los Derechos de las personas Trans. La "casta" ha aprendido que la política del "miedo" es beneficiosa para sus intereses. Meter "miedo" es ya ruin, peor si aún es mintiendo, por los efectos que provocan, máxime cuando hablamos de la comunidad Trans, a la que se le vulneran sistemáticamente los derechos humanos más básicos; derecho al empleo, atención sanitaria "igualitaria", Identidad legal... Esto nos sitúa en una población que celebra como "avance", cualquier "migaja" que nos den. Este trato como subhumanos, ha hecho que interioricemos que no tenemos derechos a nada. El "miedo" a perder las "migajas", busca la intoxicación y pasividad de una comunidad golpeada por la falta de derechos que nos equiparen en igualdad.

Condenamos que nuestros derechos sean “utilizados” para confrontación partidista y como “moneda” de cambio.

ATA-Sylvia Rivera defenderá los derechos que nos ampara la ley en vigor y hará cuantas acciones sean necesarias encaminadas hacia la consecución de una equiparación real. Animamos a las personas trans de Andalucía  a exigir el cumplimiento de la misma en los ámbitos sanitarios, educativos y laborales. Así como le recordamos a la Consejera de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, a cumplir con el compromiso adquirido en el Parlamento para cumplimentar el procedimiento sanitario en consenso con las entidades representativas de las personas trans, antes de finalizar el presente año.



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