El Defensor del Pueblo Andaluz, se suma a la petición de una Ley Integral de Transexualidad

La presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Mar Cambrolle, presentó al Defensor del Pueblo Andaluz el estudio “Transexualidad en España. Análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados”, elaborado por tres profesores del departamento de Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Málaga.

Entre los datos más duros que revela el informe destaca que el 48,2% de las personas encuestadas reconoce que en algún momento de su vida ha ejercido la prostitución ante la imposibilidad de trabajar en otro sector. También subraya que el rechazo de parte de la sociedad hacia las personas transexuales está detrás, según creen las personas encuestadas, de la precariedad laboral que sufre este colectivo. Entre las personas participantes en el estudio, el 35,3% está en paro y el 33,3% de los encuestados ingresa menos de 600 euros al mes. El 15%, menos de 300 euros. Además, el 55,9% aseguraba haber tenido algún tipo de conflicto en el trabajo al hacer pública su transexualidad.

La demora en comunicar a la familia o los amigos la transexualidad es también una de las realidades que muestra el estudio. La edad media a la que una persona es consciente de que es transexual se sitúa en los 10,8 años, al inicio de la pubertad. Sin embargo, hasta los 18 la mayoría no se lo cuenta a nadie. “Esto indica que se sufre mucho”, señala la presidenta de ATA, quien añade que existe un informe realizado en Philadelphia en 2010, a niñas y niños transexuales en el que se revela que el 80% han pensado en el suicidio y el 40% lo han intentado, “este dato lo traslado para se tenga en cuenta a la hora de abordar estudios sobre el impacto de discriminación de niños y adolescentes transexuales”.

Cambrollé aprovechó la presentación del informe en la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz para instar a los grupos políticos a que aprueben cuando antes la Ley Integral de Transexualidad, recogida en el acuerdo programático de PSOE e IU para esta legislatura. José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, se sumó a esta petición y apuntó la necesidad de que la futura ley garantice la no discriminación hacia este colectivo y una atención sanitaria adecuada a sus necesidades.