El pasado mes
de septiembre, la Asociación de Transexuales de Andalucía puso en conocimiento
de la Fiscal andaluza contra la violencia de género y de orientación e
identidad sexual, Flor Torres, los casos de discriminación de tres menores
transexuales en la provincia de Málaga, la cual abrió diligencias de
investigación, actuando con celeridad en la defensa de que no se vulneren los
derechos, según nuestro ordenamiento jurídico.
Posteriormente,
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación en Málaga y de su
representante, Patricia Alba, estableció unas pautas que fueron trasladas a los
tres centros en cuestión, donde se les indicaban como actuar; "la primera
es adecuar la documentación interna del colegio --las listas de clase, el
boletín de notas, el carné de estudiantes-- considerando el género con el que
se siente identificado el alumno/a". Además, sugiere que el profesorado se
dirija a ellos con el nombre que acuerden las familias y los menores. Asimismo,
se indica que cuando se hagan actividades en grupo "se tenga en
consideración el género con el que el alumno/a se identifica; y que se
reconozca o se acepte la posibilidad de vestir ropa o uniforme femenino o
masculino, en función de la identidad sexual, así como hacer uso del baño que
se corresponde con la identidad".
Estas pautas
fueron adoptadas por dos de los tres centros. El tercero, un
colegio religioso concertado (es decir, subvencionado con dinero público) se niega a respetar la identidad de género de
una alumna, persistiendo en su actitud discriminatoria pese a la denuncia
pública efectuada hace solo unos días y las directrices de la Consejería de
Educación.
Desde ATA,
exigimos no más privilegios a instituciones "católicas" que
subvencionadas con dinero público no respetan las leyes civiles, que democráticamente
hemos decidido la ciudadanía en nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía,
esperando de las instituciones una posición contundente en la defensa de los
derechos que hacen referencia a la igualdad de trato y no discriminación.
“Reiteramos la urgente necesidad de consensuar un Protocolo
de actuación en centros educativos, el cual ha sido propuesto por esta asociación al Consejero de Educación
de la Junta de Andalucía”, declara Mar Cambrollé,
presidenta de ATA-Sylvia Rivera, quien añade, “que la Ley Integral de Transexualidad es una herramienta para
garantizar la no discriminación y los Derechos de las personas transexuales,
prolongar más esta situación de desigualdad, es prologar el sufrimiento y el
trato desigual de las personas transexuales y de sus familias, por lo que de
nuevo instamos al Gobierno Andaluz celeridad en la aprobación de esta Ley”
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