Desde la Asociación Estatal
de Familias de Menores Transexuales (Chrysallis) queremos denunciar las
situaciones de indefensión a las que se ven expuestos continuamente los menores
transexuales en numerosos ámbitos. En los colegios e institutos, como se ha
podido conocer en las últimas semanas, pero también en entornos legales y
sanitarios.
La infancia y la adolescencia suponen las etapas más
cruciales para la configuración de la personalidad del individuo. La lucha para
superar estas dificultades es, por tanto, una contrarreloj para proteger a
nuestros niños y niñas de graves daños y trastornos psicológicos y emocionales.
Sin embargo, en multitud de ocasiones las familias nos vemos abocadas a
callejones sin salida, golpeando muros de prejuicios, desinformación y
costumbres reaccionarias que suponen una violación de los derechos
fundamentales de nuestros menores.
Todas estas situaciones podrían resolverse con
facilidad y rapidez si contásemos con una Ley que garantizara específicamente
los derechos de las personas transexuales, que situara a nuestros hijos e hijas
en una categoría humana equiparable a la que disfruta los demás niños.
Resulta desalentadora la actitud inmovilista del Gobierno
Andaluz en este sentido. Hasta tal punto que para conseguir el legítimo
reconocimiento de los derechos humanos de esta minoría, las presidentas de los
colectivos de personas transexuales tengan que llegar a extremos tan dramáticos
como encadenarse junto al Parlamento Andaluz e iniciar una huelga de hambre
indefinida.
Queremos hacer hincapié en que esta ley no pretende
otorgar derechos especiales. La Ley
de No Discriminación por Razón de Identidad de Género y Transexualidad de
Andalucía (Ley Integral de Transexualidad) viene a garantizar los mismos
derechos que tiene el resto de la ciudadanía (a ninguna niña se le exige un
seguimiento psicológico para permitirle utilizar el aseo de chicas o tener que desplazarse
centenares de kilómetros para un simple análisis de sangre). Las familias no
estamos dispuestas a permitir que nuestros hijos e hijas sean considerados
ciudadanos de segunda clase.
Queremos, pues, manifestar nuestro más absoluto y
enérgico apoyo a estas asociaciones, a Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de
Transexuales de Andalucía – Sylvia Rivera, y a Ángela Gutiérrez, copresidenta
de la Asociación Conjuntos
Difusos – Autonomía Trans. Asimismo, anunciamos que nuestras familias
provenientes de todos los puntos de Andalucía acompañarán y respaldarán a estas
luchadoras en su valiente esfuerzo reivindicativo, exigiendo junto a ellas al Gobierno
Andaluz que se registre la mencionada Ley antes del final del segundo periodo
de sesiones de 2013, y que se presente como Proyecto de Ley por el propio
Gobierno Andaluz.
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