Consideran una "humillación" las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno
José Parrilla,
ValenciaEl Consejo de Ministros del pasado viernes echó un jarro de agua fría sobre el colectivo de homosexuales represaliados durante el Franquismo. El Ejecutivo aprobó el reglamento por el que se regulan las indemnizaciones y la valoración no puede ser peor. "Esto es una burla, una humillación", aseguró a Levante-EMV el presidente de la Asociación Ex-Presos Sociales, Antonio Ruiz, que desde su sede de Xirivella ha llevado las negociaciones previas.
Esta asociación había conseguido, tras largas conversaciones, arrancar al Gobierno un compromiso para indemnizar a los homosexuales que fueron encarcelados durante el Franquismo al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes y la posterior Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social.
Es más, los grupos aceptaron una propuesta de Iniciativa per Catalunya e incluyeron en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2008 una partida de dos millones de euros para hacer frente a esas indemnizaciones. Aunque no se fijó una cantidad, la previsión sobre la que trabajaron los negociadores era de una paga inicial de 12.000 euros a cada uno y una pensión vitalicia de 600 euros al mes.
Con esta creencia durante un año se ha trabajado en la recopilación de nombres y documentación, llegándose a la cifra de un centenar de afectados que estarían en condiciones de tener esta compensación económica -ya hubo una moral en el Congreso de los Diputados- a todos sus sufrimientos.
Frustración
Pero el reglamento que debe regular esas indemnizaciones "lo ha frustrado todo". El texto fue aprobado en el último Consejo de Ministros y la propuesta es de una paga única de 2.000 euros para quienes estuvieran de uno a seis meses en prisión; de 4.000 para quienes estuvieran de seis meses a tres años; y de 6.010 euros para los que estuvieran tres años o más.
Y de la pensión vitalicia nada de nada. Para Antonio Ruiz, se trata de una "tomadura de pelo", "una burla", "una humillación" del Gobierno a todos los represaliados.
De entrada, lamenta que no se les haya consultado antes de llevar esta propuesta al Consejo de Ministros. Y luego se siente frustrado por las indemnizaciones previstas, sobre todo teniendo en cuenta que fueron "condenados a trabajos forzados, desterrados y sometidos a tratamientos al más puro estilo nazi".
Según Ruiz, esta cantidad es muy inferior a la que percibieron los presos políticos, que es lo que deberían haber percibido ellos con el añadido, incluso, del IPC desde el año 1990, fecha en la que aquellos cobraron sus compensaciones.
Se trata, por tanto, de una "marginación" respecto al resto de represaliados y de un "engaño" por parte del Gobierno, al que acusa de "oportunista". Antonio Ruiz, que aún confía en alcanzar una solución, no descarta que este recorte tenga su origen en la crisis del país. Según dice, "si al final se conceden estas cantidades, al Gobierno le va a sobrar un millón y medio de euros que le vendrá muy bien para otras cosas".
ValenciaEl Consejo de Ministros del pasado viernes echó un jarro de agua fría sobre el colectivo de homosexuales represaliados durante el Franquismo. El Ejecutivo aprobó el reglamento por el que se regulan las indemnizaciones y la valoración no puede ser peor. "Esto es una burla, una humillación", aseguró a Levante-EMV el presidente de la Asociación Ex-Presos Sociales, Antonio Ruiz, que desde su sede de Xirivella ha llevado las negociaciones previas.
Esta asociación había conseguido, tras largas conversaciones, arrancar al Gobierno un compromiso para indemnizar a los homosexuales que fueron encarcelados durante el Franquismo al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes y la posterior Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social.
Es más, los grupos aceptaron una propuesta de Iniciativa per Catalunya e incluyeron en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2008 una partida de dos millones de euros para hacer frente a esas indemnizaciones. Aunque no se fijó una cantidad, la previsión sobre la que trabajaron los negociadores era de una paga inicial de 12.000 euros a cada uno y una pensión vitalicia de 600 euros al mes.
Con esta creencia durante un año se ha trabajado en la recopilación de nombres y documentación, llegándose a la cifra de un centenar de afectados que estarían en condiciones de tener esta compensación económica -ya hubo una moral en el Congreso de los Diputados- a todos sus sufrimientos.
Frustración
Pero el reglamento que debe regular esas indemnizaciones "lo ha frustrado todo". El texto fue aprobado en el último Consejo de Ministros y la propuesta es de una paga única de 2.000 euros para quienes estuvieran de uno a seis meses en prisión; de 4.000 para quienes estuvieran de seis meses a tres años; y de 6.010 euros para los que estuvieran tres años o más.
Y de la pensión vitalicia nada de nada. Para Antonio Ruiz, se trata de una "tomadura de pelo", "una burla", "una humillación" del Gobierno a todos los represaliados.
De entrada, lamenta que no se les haya consultado antes de llevar esta propuesta al Consejo de Ministros. Y luego se siente frustrado por las indemnizaciones previstas, sobre todo teniendo en cuenta que fueron "condenados a trabajos forzados, desterrados y sometidos a tratamientos al más puro estilo nazi".
Según Ruiz, esta cantidad es muy inferior a la que percibieron los presos políticos, que es lo que deberían haber percibido ellos con el añadido, incluso, del IPC desde el año 1990, fecha en la que aquellos cobraron sus compensaciones.
Se trata, por tanto, de una "marginación" respecto al resto de represaliados y de un "engaño" por parte del Gobierno, al que acusa de "oportunista". Antonio Ruiz, que aún confía en alcanzar una solución, no descarta que este recorte tenga su origen en la crisis del país. Según dice, "si al final se conceden estas cantidades, al Gobierno le va a sobrar un millón y medio de euros que le vendrá muy bien para otras cosas".
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