
La ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, según su denominación entera, protegerá de forma genérica los derechos de la comunidad LGBT y supone dar respuesta a una reclamación histórica de un colectivo que hace apenas tres décadas se veía en posición de ir a la cárcel por la condición sexual de sus integrantes Cuenta Francesc Jaurena, jurista y uno de los redactores de la ley, que en otras comunidades autónomas u otros países existen elementos de esta norma, pero no juntos en una de carácter integral, como esta. Que podría ser más integral, prosigue: la oficina que debe velar por el cumplimiento de la ley estará bajo el paraguas institucional de la Generalitat, que no es lo más idóneo si debe juzgarla por un hecho presuntamente homófobo. En puridad, debería ser independiente. Pero es una laguna que Jaurena ve como el mal menor de un triunfo.
La ley alude a todos los ámbitos, del laboral al sanitario, pasando por el educativo, y el régimen sancionador define infracciones leves, graves y muy graves, sancionadas económicamente con multas que van de unos 500 euros a más de 5.000 euros (el mínimo es el pago de un mes del indicador de renta de suficiencia según su cuantía en Catalunya, 569,12 euros en el 2014). También se prevé sancionar con la prohibición de recibir ayudas y subvenciones hasta cinco años y con la de ser contratado por la Generalitat durante hasta tres años.
Casi todos los grupos del Parlament convirtieron sus turnos en mensajes de reconocimiento al colectivo LGBT y al resto de parlamentarios que han participado en la elaboración de la norma. Las excepciones fueron el PPC y Unió. Los populares rechazaron de plano la ley, y lo resumió su diputada Dolors López con una frase que resultó memorable: "Es discriminación, aunque sea positiva". Unió quiso marcar distancias con el PP. La democristiana Mercè Jou explicó que su partido estaba en desacuerdo con el régimen sancionador, la inversión de la carga de prueba y la previsión de difundir contenidos relacionados con el colectivo LGTB en el sistema educativo.
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