De nuevo se vulneran los derechos de las personas
transexuales en Andalucía a través de un auto que sin duda alguna deja ver el
poder que sigue teniendo la Iglesia católica
en nuestro país.
Pero lo mas
indignante de este auto es que, dando como ciertos los hechos denunciados,
recurre a su especificidad y a su
naturaleza “atípica” y a un “olvido” del
legislador para justificar esta decisión, admitiendo al mismo tiempo que, la
discriminación por identidad sexual es considerada como “agravante genérica”.
Esta especie de “esquizofrenia” legislativa, nos deja inmersos en un vacío legal
que permite la vulneración sistemática de los derechos de las personas
transexuales.
El nuevo contexto
social obliga a una actualización en la interpretación de la Ley, no solo en
otras sentencias judiciales que recientemente hemos podido ver, sino también
cuando se trata de los derechos de las personas transexuales. Este nuevo
contexto social si ha sido tenido en cuenta en Cataluña que precisamente hoy,
aprueba la “Ley de los Derechos de las personas Gays, Lesbianas, Transexuales yBisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofóbia”, a pesar de
la campaña de intoxicación las jerarquías católicas, y que es considerada la mas completa del mundo por
contemplar sanciones a personas, instituciones y funcionarios ante su
vulneración. Al mismo tiempo y en esta línea es importante que se conozca la
nueva directiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, ha aprobado una declaración formal
de condena de los actos de violencia y discriminación en
cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género,
el pasado 26 de septiembre.
“Ni Fiscalía, ni la Consejería de Educación, han estado a
la altura de las circunstancias en este caso de vulneración de derechos de una
menor transexual” declara Mar Cambrolle, presidenta de
ATA-Sylvia Rivera, quien añade que, “esta
claro que después de la aprobación de la Ley integral de Transexualidad
aprobada el pasado 25 de junio, este colegio no debería percibir ni un euro
público y estas situaciones no serían posible si el Protocolo de actuación
sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz, estuviese aprobado y
fuese de obligado cumplimiento”
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