- Este domingo se celebra el día internacional contra la LGTBifobia
Un
grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y otros
expertos internacionales hicieron este miércoles un llamamiento para que
se ponga fin a la discriminación y a la violencia contra los niños,
niñas y jóvenes homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales.
El
Comité de los Derechos del Niño de la ONU, un grupo de expertos de
Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
relatora especial de Derechos de Defensores y Defensoras de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el comisario de
Derechos Humanos del Consejo de Europa hicieron esta petición con motivo
del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia,
que se celebra este domingo, 17 de mayo.
Los expertos instaron en
un comunicado a los gobiernos a proteger a estos jóvenes y niños de
actos de violencia y discriminación, y a integrar sus puntos de vista en
políticas y leyes que afecten sus derechos.
En todo el mundo,
niños, niñas y jóvenes lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o
intersexuales, o aquellos que son considerados como tales, se enfrentan a
estigma, discriminación y violencia debido a su orientación sexual e
identidad de género real o percibida, o porque su cuerpo difiere de las
definiciones tradicionales de mujer u hombre, señalaron.
Los
expertos indicaron que la violencia y la discriminación contra este
colectivo ocurre en hogares, escuelas e instituciones, si bien estas
personas a menudo se enfrentan al rechazo de sus familias y
comunidades, lo que puede desembocar en altos niveles de exclusión
social, pobreza y jóvenes sin hogar.
En este sentido, apuntaron
que niños y niñas no heterosexuales son víctimas del acoso escolar a
manos de sus compañeros y maestros, lo que conlleva a dejar la escuela, y
añadieron que a algunos se les niega el ingreso escolar o son
expulsados debido a su orientación sexual o identidad de género real o
percibida.
TERAPIAS DANINAS
Los expertos indicaron que el
estigma y la discriminación a los que se enfrentan estas personas
repercuten en su autoestima y están asociados a tasas más altas de
depresión y suicidio, todo ello agravado con las actitudes
discriminatorias de profesionales de la salud y las restricciones en el
acceso a la información.
Así, estos niños y jóvenes son sometidos
en algunos países a llamadas terapias con el fin de modificar su
orientación o identidad. Estas terapias son dañinas, contrarias a la
ética, carecen de fundamento científico, son ineficaces y podrían
constituir una forma de tortura. Los jóvenes transexuales tampoco tienen
acceso al reconocimiento de su identidad de género y son sometidos a
procedimientos abusivos, como la esterilización o el tratamiento
forzoso, añadieron.
Adicionalmente, estas personas pueden ser
sometidas a tratamientos e intervenciones quirúrgicas irreversibles y
médicamente innecesarias sin su consentimiento libre e informado, lo
cual puede ocasionarles un grave sufrimiento físico psicológico a largo
plazo y afectar a sus derechos a la integridad física, la salud, la
vida privada y la autonomía, y podrían constituir una forma de tortura o
maltrato. Los Estados deben prohibir estas intervenciones,
apostillaron.
Recalcaron que las leyes que de manera directa o
indirecta criminalizan a las personas con base en su orientación sexual o
identidad de género exacerban la violencia y discriminación, lo que
incluye las normas anti propaganda gay" que restringen arbitrariamente
el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación y
amenazan el trabajo de las organizaciones de estas personas y de los
defensores de derechos humanos.
Por ello, instaron a los Estados a
actuar para proteger a todos los niños, niñas y jóvenes de la
violencia; asegurar que existan sistemas para su protección y apoyo,
como albergues y otros mecanismos de seguridad para aquellas personas
que necesitan protección; garantizar la salud y el bienestar a través
del acceso a servicios sanitarios no discriminatorios y a una educación
sexual comprehensiva, y asegurar que pueden participar en las
discusiones sobre políticas y leyes que afecten a sus derechos.
Enlace: elEconomista
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