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miércoles, 13 de mayo de 2015

La onu saca la tarjeta roja a la homofobia, la bifobia y la #transfobia hacia ninas/os y jóvenes

- Este domingo se celebra el día internacional contra la LGTBifobia



Un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y otros expertos internacionales hicieron este miércoles un llamamiento para que se ponga fin a la discriminación y a la violencia contra los niños, niñas y jóvenes homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, un grupo de expertos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatora especial de Derechos de Defensores y Defensoras de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa hicieron esta petición con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, que se celebra este domingo, 17 de mayo.
Los expertos instaron en un comunicado a los gobiernos a proteger a estos jóvenes y niños de actos de violencia y discriminación, y a integrar sus puntos de vista en políticas y leyes que afecten sus derechos.
“En todo el mundo, niños, niñas y jóvenes lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o intersexuales, o aquellos que son considerados como tales, se enfrentan a estigma, discriminación y violencia debido a su orientación sexual e identidad de género real o percibida, o porque su cuerpo difiere de las definiciones tradicionales de mujer u hombre”, señalaron.
Los expertos indicaron que la violencia y la discriminación contra este colectivo “ocurre en hogares, escuelas e instituciones”, si bien estas personas “a menudo” se enfrentan al rechazo de sus familias y comunidades, lo que puede desembocar en “altos niveles de exclusión social, pobreza y jóvenes sin hogar”.
En este sentido, apuntaron que niños y niñas no heterosexuales son víctimas del acoso escolar a manos de sus compañeros y maestros, lo que conlleva a dejar la escuela, y añadieron que a algunos se les niega el ingreso escolar o son expulsados debido a su orientación sexual o identidad de género real o percibida.
“TERAPIAS DANINAS”
Los expertos indicaron que el estigma y la discriminación a los que se enfrentan estas personas repercuten en su autoestima y están asociados a tasas más altas de depresión y suicidio, todo ello agravado con las actitudes discriminatorias de profesionales de la salud y las restricciones en el acceso a la información.
Así, estos niños y jóvenes son sometidos en algunos países a llamadas “terapias” con el fin de “modificar” su orientación o identidad. “Estas terapias son dañinas, contrarias a la ética, carecen de fundamento científico, son ineficaces y podrían constituir una forma de tortura. Los jóvenes transexuales tampoco tienen acceso al reconocimiento de su identidad de género y son sometidos a procedimientos abusivos, como la esterilización o el tratamiento forzoso”, añadieron.
Adicionalmente, estas personas pueden ser sometidas a tratamientos e intervenciones quirúrgicas irreversibles y médicamente innecesarias sin su consentimiento libre e informado, lo cual puede ocasionarles un grave sufrimiento físico psicológico a largo plazo y afectar a sus derechos a la integridad física, la salud, la vida privada y la autonomía, y podrían constituir una forma de tortura o maltrato. “Los Estados deben prohibir estas intervenciones”, apostillaron.
Recalcaron que las leyes que de manera directa o indirecta criminalizan a las personas con base en su orientación sexual o identidad de género exacerban la violencia y discriminación, lo que incluye las normas “anti propaganda gay" que restringen arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación y amenazan el trabajo de las organizaciones de estas personas y de los defensores de derechos humanos.
Por ello, instaron a los Estados a actuar para proteger a todos los niños, niñas y jóvenes de la violencia; asegurar que existan sistemas para su protección y apoyo, como albergues y otros mecanismos de seguridad para aquellas personas que necesitan protección; garantizar la salud y el bienestar a través del acceso a servicios sanitarios no discriminatorios y a una educación sexual comprehensiva, y asegurar que pueden participar en las discusiones sobre políticas y leyes que afecten a sus derechos.