Stacy
Alejandra Araujo forma parte de las 2,700 personas que pertenecen a la comunidad
transexual salvadoreña y que la semana pasada tuvieron acceso al informe sobre
la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Trans en El Salvador, el
cual fue presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH).
A criterio
de Araujo, quien además es presidenta de la Asociación Salvadoreña de Mujeres
Travestis y Transgénero (ASTRANS), el documento revela lo poco que se ha
avanzado en la elaboración de políticas para la inclusión de este sector, con el
resto de la sociedad salvadoreña.
Stacy
confiesa que se siente identificada con los problemas económicos, sociales y
jurídicos que se exponen en el informe, ya que a sus 15 años “lo vivió en carne
propia” cuando sus padres la expulsaron de casa porque ya no soportaron la
“vergüenza” de su condición.
La
historia de un "trans"
Stacy
relata lo difícil que ha sido para ella crecer en una sociedad que margina la
homosexualidad y confiesta que su experiencia es un ejemplo de lo que enfrentan
a diario cientos de jóvenes.
El dolor
que causó en su etapa infantil, los desprecios y castigos propinados por su
familia y compañeros de escuela, producto a su orientación sexual, no impidieron
que a sus 13 años refirmara su condición.
"Cuando yo
nací le dijeron a mi mamá que había tenido un hermoso varón. Pero yo siempre me
he sentido una mujer. A mis parientes les daba pena salir de la calle conmigo
hasta el punto que me echaron de la casa y fue cuando tuve que recurrir al
trabajo sexual”, confiesa.
Narra que
durante dos años tuvo que sufrir la experiencia de formar parte del 85% de
mujeres trans que recurren a esta forma de vida, no porque quieran sino porque
debido a su condición se les hace muy difícil encontrar
trabajo.
“Eso fue
traumatizante porque no era algo que a mí me gustaba y tuve que prostituirme por
necesidad. No me daban trabajo primero por mi edad, segundo por mis estudios y
tercero por mi identidad de género” agrega.
Recuerda
que ese periodo fue difícil, porque al igual que el 45.8% de este sector de la
sociedad, sufrió atentados contra su seguridad física.
Además
relata que hubo clientes que trataron de propasarse al punto que tuvo que
defenderse, lo que causó en dos ocasiones su detención.
“La primera
vez me detuvieron por problemas con un cliente y la segunda por portar arma
blanca. Era necesario porque una está expuesta a muchos problemas en la calle,
sobre todo en los sectores de la Roosevelt donde normalmente trabajaba”,
confiesa Araujo
Pasado
algún tiempo, su madre llegó a las calles para pedirle que regresara a su casa
ubicada en la colonia El Paraíso, de San Salvador.
Stacy
consiguió completar el bachillerato nocturno en el Instituto Arce de San
Salvador, lo que le ha permitido superarse y formar parte del reducido 3% del
sector trans que ha logrado obtener un nivel superior de
estudio.
Satisfecha,
sostiene que ha cursado cuarto año de Licenciatura en Lenguas Modernas en la
Universidad de El Salvador, y además cuenta con varios diplomados en
cosmetología, que le han permitido obtener un trabajo en un salón de
belleza.
Al
contarario de su madre, su papá -un ex policía de Hacienda- nunca ha podido
aceptar la orientación sexual de Stacy.
“Me castigó
en varias ocasiones, pero esto es algo que ni con golpes ni con mandarnos al
psicólogo va a cambiar, porque somos mujeres en cuerpo de hombre”,
explica.
Sus
familiares han aceptando poco a poco su estilo de vida, prueba de ello que aún
se encuentra con su familia a pesar que lleva un año con una pareja
estable.
Entre sus
metas, Araujo se ha propuesto estudiar leyes, porque siempre quiso ser abogada y
ser un ejemplo en su comunidad.
Protección
jurídica
El informe
que fue presentado por la PDDH y el PNUD, expone la situación de los derechos
humanos de las mujeres trans de El Salvador, y muestra los avances acontecidos,
las barreras que interfieren con el cumplimiento de los derechos y las brechas
que precisan de atención urgente.
El
documento busca proponer acciones para abordar las problemáticas que afectan la
población transexual y las bases necesarias para fortalecer los mecanismos de
protección jurídica.
En la
introducción del Informe, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,
Oscar Humberto Luna, plantea que “a la fecha el Estado salvadoreño, a través de
diversos tratados internacionales ha reconocido y expresado su compromiso de
establecer una verdadera democracia basada en condiciones jurídicas para la
auténtica igualdad de oportunidades, además del ejercicio pleno y efectivo de
los derechos humanos y libertades fundamentales, que por su misma naturaleza no
plantean exclusión alguna, para la población de mujeres transexuales y
transgéneros ni para los hombres trans, mujeres lesbianas, hombres gay, personas
bisexuales e intersexuales”.
La PDDH
informó que desde el Órgano Ejecutivo del Estado se han reconocido estos hechos
y se han desplegado acciones políticas para contrarrestarlos, destacándose la
creación de la Dirección de Diversidad Sexual en el seno de la Secretaría de
Inclusión Social.
Asimismo se
ha conformado la Mesa Permanente sobre los derechos humanos de la Población LGBT
(lesbiana, gay, bisexual y transgénero), que está integrada por la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, organizaciones de sociedad civil y
población LGBT.
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