Estimados Srs. de Vicepresidencia del Gobierno: El martes 11 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó, sin oposición de ningún partido político, indemnizar a los homosexuales que fueron represaliados por el régimen franquista. Fue un hecho que llenó de satisfacción a la Asociación de Ex-Presos Sociales porque muestra la justicia que preside su reclamación a la vez que culmina un largo trabajo de explicación y negociación de sus demandas con todos los grupos políticos.
Sin embargo, la postura que ha emanado de Vicepresidencia del Gobierno nos confunde y decepciona por varias razones. En primer lugar, porque su propuesta de indemnización, tal como viene en la Disposición Adicional Decimoctava de los Presupuestos Generales, no recoge el criterio que solicitaba la Asociación (una asignación económica independiente del tiempo transcurrido en prisión) y, además, presenta unas cuantías muy escasas. Esa propuesta hubiera podido ser realizada sin necesidad de que Vicepresidencia del Gobierno hubiera mantenido ninguna reunión con los afectados ni que éstos se hubieran desplazado desde diferentes lugares de España para explicar su postura.
La Asociación de Ex Presos sociales insiste en que la situación de los detenidos por razones políticas y por cuestiones sociales (o morales) no es equiparable. Los primeros, si bien es cierto que pasaron más tiempo en la prisión, no fueron desterrados cuando regresaron a su lugar de origen. Tampoco fueron humillados en la cárcel por otros internos o funcionarios porque estaban amparados por una red de apoyo que los protegía. Finalmente, a la vuelta a su domicilio solían encontrar un empleo, lo que no fue el caso de los homosexuales.
Por otro lado -y esto es aún más grave- en los años de la Transición hubiera sido inconcebible que un español o española hubiera sido condenado por sus ideas políticas. Sin embargo, fueron muchos los ciudadanos que en 1976, 1977 y 1978 fueron encarcelados por ejercer su sexualidad. Creyeron ciertos los mensajes que sostenían que la libertad había llegado, pero comprobaron que no era así para ellos. Por lo tanto, es el propio Estado democrático quien tiene una deuda pendiente con estos represaliados.
Por todo ello confiamos en que la negociación en el Senado sirva para mejorar la propuesta aprobada en el Congreso. De la actitud que mantengan ustedes y del trabajo del Partido Socialista depende que la iniciativa salga adelante. A la Asociación le gustaría que hubiera un cambio en su postura y que Vicepresidencia mostrara una mayor sensibilidad hacia unas demandas que todos los representantes del pueblo español han considerado justas.
Atentamente,
Antoni Ruiz i Saiz
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