El juez Calamita llama "cobayas humanas" a los hijos adoptados por familias homoparentales

EFE-. El juez juzgado está acusado de un delito de prevaricación, según el auto de acusación, Calamita actuaba movido por su animadversión hacia la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica.
En declaraciones a los medios después de la vista, Calamita ha declarado que según algunos informes, las adopciones entre personas del mismo sexo convierte a los niños en "cobayas humanas", aunque este tipo de informes son contradictorios y "unos dicen que sí y otros dicen que no".
En su defensa, Calamita alegó que tanto la anterior letrada de V.H., la mujer que solicitó la adopción de la niña, hija biológica de su compañera sentimental, como el fiscal adscrito al Juzgado "nunca recurrieron mis resoluciones, y el secretario tampoco me hizo la menor observación, por lo que no estará tan clara la prevaricación".
A la pregunta del fiscal sobre el motivo por el que había solicitado un segundo informe sobre la adopción, declaró que lo pidió "porque ni aquel informe, ni tampoco el que realizó el Gabinete Psico-social, iban al núcleo del asunto".
El magistrado añadió que "lo que yo quería era un informe documentado en el que se hablara de la repercusión de la adopción en la menor". "Yo, como juez de Familia, tenia que velar por la niña", manifestó alegando que su obligación era el interés de la menor, ya que la pareja "era mayor de edad".
Nueve meses de prisión
En la primera vista del proceso judicial, Calamita ha comenzado su declaración negándose a contestar a las preguntas del tribunal por considerarlos interlocutores no válidos.
El magistrado, que se enfrenta a nueve meses de prisión, ha accedido más tarde a contestar a las preguntas de la acusación. En ningún momento se ha retractado de su actuación en el caso por el que se le acusa. Al contrario, ha considerado que ha trabajado "de forma correcta y siempre dentro de la ley".
Calamita ha asegurado en su declaración que "no tiene nada en contra de las adopciones" recogidas por la Ley. Aunque matizó que "una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es mi opinión". "Y si quiere fuera le doy mi opinión", ha añadido.
En las conclusiones provisionales del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, se pide que se imponga al acusado un pena de multa de nueve meses de prisión con cuota diaria de tres euros e inhabilitación especial el desempeño de funciones jurisdiccionales por 18 años.
Igualmente, considera que el acusado, y subsidiariamente el Estado, deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales.