Sevilla, 13 dic (EFE).- Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), ha presentado hoy en Sevilla la producción TransCabaret, un cabaré contestatario e integrador con el que pretenden abogar por la igualdad de derechos y denunciar la discriminación que sufren las personas transexuales.
Según ha informado Marciano Backmann, director artístico de la obra en una rueda de prensa, TransCabaret, que se estrena mañana en el Teatro Duque, pretende conmemorar un espacio artístico "donde no había persecución por nuestra identidad, un medio de denuncia de la moral burguesa que, hipócritamente, nos elogiaba de noche y de día decían que eran antros del infierno".
En ese sentido, Backmann ha recordado que el cabaré "se reía en la cara de los genocidas" en los años 40 y fue el origen de la Resistencia en la II Guerra Mundial.
El director ha calificado la obra, de la que ya se han agotado las entradas, como teatro social en la que se mezcla el cabaré, el cuplé, el burlesque y el café concert, y, ha matizado que pese al fuerte elemento de crítica, la intención de la representación es divertir.
La presidenta de la ATA ha señalado que pese a la diversidad de origen de las actrices, que provienen, además de España, de países como Brasil, Venezuela, Colombia o Perú, tienen "como denominador común haber sido machacadas y excluidas" y no haber sido entendidas ni queridas en sus propias familias.
En ese sentido, Cambrollé ha destacado que desde 2008 se han producido 755 asesinatos de mujeres transexuales, sin que haya datos de Rusia y algunos países asiáticos y africanos, lo que si trasladan las cifras a las de personas heterosexuales equivaldría a cinco millones, lo que ha identificado como "el genocidio trans".
La presidenta ha pedido a los Gobiernos que utilicen fórmulas de discriminación positiva para favorecer el acceso al trabajo de las mujeres transexuales, lo que supone para Cambrollé el mayor obstáculo que impide que, "como dice nuestra Carta Magna, todas y todos seamos iguales".
Asimismo, ha pedido un mayor compromiso de la Administración para frenar el acoso en los colegios e institutos y la necesidad de que todas las comunidades autónomas introduzcan dentro de la seguridad social el tratamiento que necesitan, como ya ocurre en Andalucía.
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