El CGPJ se despide perdonando a la juez que se niega a casar a homosexuales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) protagonizó ayer una sonora despedida al retirar la multa de 305 euros que su Comisión Disciplinaria impuso el año pasado a la juez de Denia (Alicante) Laura Alabau, que se opone a celebrar bodas entre homosexuales y criticó en un escrito al Gobierno y a la Fiscalía a propósito de este tipo de enlaces matrimoniales. La decisión fue adoptada en la última sesión plenaria del actual Consejo por nueve votos a favor, los de la mayoría conservadora, y ocho en contra, los de la minoría progresista, quienes anunciaron varios votos particulares. Alabau cuestionó la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales, se negó a celebrar estas bodas y rechazó la solicitud de varias parejas de homosexuales extranjeros para contraer matrimonio alegando que en su país de origen no estaba reconocido. El Pleno asume con su decisión el informe del ponente de este asunto, el vocal nombrado a propuesta del PP José Merino, quien propuso dejar sin efecto la sanción impuesta a Alabau al enmarcarse dicho escrito dentro del derecho a la libertad de expresión. Alabau, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia y responsable del Registro Civil en este municipio, fue sancionada el 30 de mayo de 2007 por la Comisión Disciplinaria por una falta grave del artículo 418.3 de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este artículo establece que es falta grave «dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición». En el escrito que la juez dirigió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que reprodujeron algunos medios, Alabau se quejaba de haber sufrido «una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno» y atribuía a la Dirección General de Registros hacer -en relación con los matrimonios homosexuales- «una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos». Además, en este documento aseguraba que el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, se había convertido «vergonzosamente en un apéndice del Gobierno». Las reacciones a la iniciativa del CGPJ saliente no se hicieron esperar. Así la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) mostró su indignación y afirmó que el CGPJ «está siguiendo la misma línea de actuación que ha mantenido desde el principio con un informe negativo sobre el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, al que comparaba con el casamiento entre una persona y un animal», afirma la FELGTB en un comunicado. Por su parte, la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Colegas) pidió la disolución del CGPJ y expresó su estupor ante lo que consideran un nuevo escándalo judicial. Para Colegas, «algo está pasando en la justicia española o, más bien, por fin se ve que el control a la judicatura falla, al anteponerse la simple defensa del corporativismo».