La primera ley que garantiza derechos a los transexuales supera el primer trámite

El parlamento debe aprobar la iniciativa, que reconoce nuevas prestaciones
UPN, único grupo que votó en contra de la propuesta de NaBai, pionera en el Estado

pamplona. Tras años de lucha, demandas y reivindicaciones por el justo reconocimiento de sus derechos, las personas transexuales de la Comunidad Foral por fin están de enhorabuena. La Comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra dio ayer luz verde con los apoyos de todos los grupos políticos salvo UPN, que votó en contra, al proyecto de Ley Foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Dicho de otro modo, y salvando los escollos técnicos, puede certificarse que la Cámara foral superó ayer por la tarde el primer paso para la aprobación de la primera ley integral de todo el Estado sobre los derechos de dicho colectivo en riesgo de exclusión. Una norma que agrupa, entre otros asuntos, todo un amplio listado de prestaciones sanitarias, educativas, sociales y laborales estructuradas bajo un principio de discriminación positiva.
Salvo que algún grupo político cambie de padecer durante la ratificación de dicho dictamen -que tendrá lugar en las semanas venideras-, la entrada en vigor de la norma favorecerá la contratación de personas transexuales, apoyará el desarrollo de un nutrido grupo programas educativos y asegurará su atención medica cubierta por la sanidad pública, que busca incluir terapias hormonales, intervenciones quirúrgicas o tratamientos psicoterapéuticos, entre otras prestaciones. Todas dirigidas a "otorgar calidad de vida a las personas transexuales".
Cabe destacar que la futura ley considera beneficiarias de las garantías que se concretan en la norma a "todos los residentes en la Comunidad Foral que, con independencia de sus situación legal o administrativa, posean la condición de transexuales", se desprende del texto.
upn, de nuevo en soledad Durante el debate y valoración del proyecto de Ley Foral, todos los grupos políticos, salvo UPN, respaldaron la iniciativa al considerar que "defiende los derechos de un colectivo en claro riesgo de exclusión social" y porque "regula una situación social que, hasta ahora, se encontraba sin reglamentar", argumentos que utilizaron NaBai -impulsora del texto- PSN, IU y CDN para su defensa.
Los regionalistas ejemplificaron una clara situación de soledad a la hora de defender sus 18 enmiendas, todas de supresión, con las que buscaban vaciar de contenido a la norma. Sólo lograron sacar adelante una de ellas -la Disposición Adicional Única-, contraria a la constitución de una Comisión Interdepartamental, con los votos de SPN y CDN.
Javier Marcotegui, portavoz de UPN, justificó la posición de su grupo alegando "el conflicto de inconstitucionalidad que presentan ciertos artículos del texto, el vicio de generalidad que encierran términos adoptados", y por considerar, asimismo, que la citada ley es una reivindicación que "afecta a los transexuales de toda España, por lo que debería derivarse a Madrid".
Argumentos que tanto Ioseba Ezeolaza, portavoz de NaBai, como Amanda Acedo (SPN), Ion Erro (IU), y Juan Cruz Alli (CDN), refutaron, tras tachar de "conservaduristas y prejuiciosas" las declaraciones de Marcotegui. "En la posición de UPN, no existe un trabajo de reflexión serio. Si fuese así, hubieran superado las cuestiones de inconstitucionalidad con un texto alternativo, algo que no ha sucedido. De todas formas, lo más preocupante de todo es que los regionalistas, con su actitud, suprimen derechos y no enmiendas. Vuelven a ubicarse al otro lado de la barrera en cuanto a la sensibilización social, se colocan vendas cuando deberían darse cuenta de que, por ejemplo, el colectivo transexual sufre un 80% de paro por problemas psicológicos que, en ocasiones, derivan en suicidios", aclaró Ezeolaza, tras asegurar que UPN se sitúa con su actitud en una posición más conservadora que el Partido Popular, "pues en Madrid y Valencia ya están asegurados los servicios sanitarios de estas personas".
Por su parte, Acedo y Erro criticaron la posición de Marcotegui de derivar la normativa a las Cortes, pues en 2007, "UPN se opuso a la Ley de modificación de datos en el registro civil", una reforma con la que se quería lograr que los transexuales cambiaran su nombre en el DNI sin haberse sometido previamente a una intervención quirúrgica.