El debate sobre la transmisión de unos valores éticos y morales mínimos para todos los ciudadanos en la escuela va inseparablemente unido, al menos en España, al de la educación sexual. Sin embargo, mientras que con el primero ha habido un esfuerzo para solucionar carencias con la implantación de la materia obligatoria de Educación para la Ciudadanía, no ha pasado lo mismo con el segundo. Solo el 41,8% de chicas y el 35,4% de chicos de 15 a 24 años afirman haber recibido información sexual en sus centros educativos, según la 3ª encuesta Schering Sexualidad y anticoncepción en la juventud española.De hecho, para muchos fue una enorme decepción que Ciudadanía dejara de lado la enseñanza sexual, salvo lo que se refiere al rechazo a la homofobia. Una de las grandes preocupaciones de los sectores católicos cuando se discutían sus contenidos fue precisamente que se mencionara de algún modo la homosexualidad.
El hecho es que, finalmente, esas enseñanzas quedaron como estaban, al arbitrio de los centros. Por un lado, porque en algunos casos ni siquiera se llegan a dar los escasos contenidos sobre el tema, planteados desde el punto de vista más puramente biológico, que recorren los temarios, ya que muchos docentes evitan esa espinosa cuestión que podría causarle quebraderos de cabeza con algún padre. Así, el hecho es que esa enseñanza no está asegurada, sino que depende de la ideología y del interés de centros y profesores y de la asistencia voluntaria a talleres externos.
En 2008, preguntado el Ministerio de Educación por qué no se había planteado una materia concreta de sexualidad con la ley educativa de 2006, contestó que no todo se tiene que convertir en asignatura, y añadió, además, que se trata de un tema que llega a sobrepasar "el ámbito educativo" y entra "en el de las familias". Pero, en realidad, ese es el mismo argumento que utilizan los detractores de Ciudadanía.
A ellos les contestó en 2009 el Tribunal Supremo que no se podía objetar. La sentencia dijo que la materia se tiene que enseñar con absoluta objetividad si se trata de cuestiones en las que no existe un consenso social, pero debe incluso ofrecerlas "en términos de su promoción" cuando se trate de "los principios y la moral común subyacente en los derechos fundamentales". En cualquier caso, dijo que Ciudadanía se circunscribe a ámbitos que el Estado tiene "la potestad y el deber" de impartir.
Ahora, ante el primer recurso que llega al Constitucional sobre aquella sentencia, el abogado del Estado plantea, además, que la libertad de creencias asiste a los menores de edad, de manera que la libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada a lo que decidan sus padres.
Quizá la educación sexual (desde los métodos anticonceptivos hasta el sexo por puro placer) esté aún en ese terreno en el que no hay total consenso social. Pero, mientras se evita repensar qué es lo mínimo que deben saber los chavales sobre ello y desde qué edad, la tasa de abortos en menores de 20 años por cada 1.000 habitantes ha pasado en España de 7,49 en 2000 a 13,48 en 2008.
El hecho es que, finalmente, esas enseñanzas quedaron como estaban, al arbitrio de los centros. Por un lado, porque en algunos casos ni siquiera se llegan a dar los escasos contenidos sobre el tema, planteados desde el punto de vista más puramente biológico, que recorren los temarios, ya que muchos docentes evitan esa espinosa cuestión que podría causarle quebraderos de cabeza con algún padre. Así, el hecho es que esa enseñanza no está asegurada, sino que depende de la ideología y del interés de centros y profesores y de la asistencia voluntaria a talleres externos.
En 2008, preguntado el Ministerio de Educación por qué no se había planteado una materia concreta de sexualidad con la ley educativa de 2006, contestó que no todo se tiene que convertir en asignatura, y añadió, además, que se trata de un tema que llega a sobrepasar "el ámbito educativo" y entra "en el de las familias". Pero, en realidad, ese es el mismo argumento que utilizan los detractores de Ciudadanía.
A ellos les contestó en 2009 el Tribunal Supremo que no se podía objetar. La sentencia dijo que la materia se tiene que enseñar con absoluta objetividad si se trata de cuestiones en las que no existe un consenso social, pero debe incluso ofrecerlas "en términos de su promoción" cuando se trate de "los principios y la moral común subyacente en los derechos fundamentales". En cualquier caso, dijo que Ciudadanía se circunscribe a ámbitos que el Estado tiene "la potestad y el deber" de impartir.
Ahora, ante el primer recurso que llega al Constitucional sobre aquella sentencia, el abogado del Estado plantea, además, que la libertad de creencias asiste a los menores de edad, de manera que la libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada a lo que decidan sus padres.
Quizá la educación sexual (desde los métodos anticonceptivos hasta el sexo por puro placer) esté aún en ese terreno en el que no hay total consenso social. Pero, mientras se evita repensar qué es lo mínimo que deben saber los chavales sobre ello y desde qué edad, la tasa de abortos en menores de 20 años por cada 1.000 habitantes ha pasado en España de 7,49 en 2000 a 13,48 en 2008.
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